La política energética ocupa un lugar importante dentro de las propuestas de Roberto Sánchez para las elecciones de 2026 en Perú. El dirigente de Juntos por el Perú sostiene que los recursos naturales deben estar al servicio del desarrollo nacional y no limitarse a la venta de materias primas al exterior.

Uno de los puntos centrales es la defensa de Petroperú. Sánchez rechaza cualquier posibilidad de privatización de la empresa estatal y la presenta como una herramienta para garantizar soberanía y seguridad energética. Desde su espacio consideran que el Estado debe conservar un papel activo en la producción y comercialización de hidrocarburos.

“El gas debe servir primero a los peruanos”, sostiene la propuesta vinculada a los yacimientos estratégicos del país. En ese sentido, plantea que el abastecimiento interno tenga prioridad durante las próximas dos décadas antes de ampliar los envíos hacia mercados externos.

La iniciativa también impulsa la industrialización de los recursos energéticos. El objetivo es que el país capture una mayor porción del valor generado por el gas y los hidrocarburos mediante procesos industriales locales, con más actividad económica y empleo asociado a la cadena energética.

Otro eje es la masificación del gas natural. El plan busca ampliar la cobertura en distintas regiones del país y avanzar hacia un esquema de tarifas más accesibles. Según la propuesta, el acceso a la energía debe ser considerado un derecho y no un servicio reservado para determinadas zonas.

Dentro de la estrategia económica general, Sánchez plantea dejar atrás un modelo basado principalmente en la exportación de materias primas y avanzar hacia una estructura productiva con mayor valor agregado. El documento habla de una economía “productiva y soberana”, con impulso a la industria nacional.

La mirada sobre combustibles y energía aparece ligada a una mayor presencia estatal en áreas consideradas estratégicas. En esa línea, el candidato sostiene que los recursos naturales deben contribuir al crecimiento interno, al desarrollo industrial y a una distribución más amplia de los beneficios económicos.

El debate sobre estas propuestas se instala en plena campaña electoral. Mientras algunos sectores destacan la búsqueda de autosuficiencia energética y mayor control nacional sobre los recursos, otros advierten sobre los desafíos financieros y operativos que implicaría ampliar la participación estatal en el sector.