El negocio de los combustibles en México muestra señales de una profunda reorganización. Los movimientos ya no pasan únicamente por aperturas o cierres de puntos de venta, sino también por sustituciones de entidades comerciales, ajustes societarios y nuevas estrategias empresariales impulsadas por las condiciones que hoy predominan en el país.

Así lo afirmó a Surtidores Latam, el especialista en regulaciones, Luis Omar Guzmán Juárez al analizar las decisiones adoptadas durante la décima sesión ordinaria del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Energía, organismo que durante las últimas semanas dio luz verde a una importante cantidad de solicitudes vinculadas con petrolíferos.

Entre las determinaciones más llamativas aparecen 41 autorizaciones para modificar la marca bajo la cual operan distintas gasolineras. A criterio del especialista, este dato refleja una tendencia cada vez más visible entre propietarios que buscan alternativas capaces de brindar mayor seguridad en materia documental, tributaria y comercial.

“Existe mucho interés por abandonar la bandera blanca”, sostuvo Guzmán Juárez, quien vinculó esa situación con dudas acerca de la trazabilidad de los productos y con la necesidad de contar con mayores garantías respecto al origen de los combustibles que llegan a los surtidores.

La magnitud del movimiento permite dimensionar el momento que atraviesa el sector. Algunas enseñas han perdido atractivo para determinados empresarios, mientras otras aprovechan oportunidades que surgen a partir de esa movilidad. Según explicó, también se observa una creciente actividad relacionada con estructuras societarias. Durante la misma reunión fueron aprobadas 15 modificaciones corporativas y cuatro operaciones vinculadas al control accionario de distintas compañías.

Para el analista, estos números muestran que numerosas organizaciones están adecuando su funcionamiento interno con el objetivo de lograr una operación más eficiente y alineada con las exigencias actuales.

A la par de estos cambios, la Comisión Nacional de Energía dio curso a nueve solicitudes para ampliar productos destinados a comercialización y ocho vinculadas al transporte por medios distintos a ductos.

Guzmán Juárez consideró que estas decisiones evidencian una intención empresarial orientada a ampliar capacidades logísticas y diversificar actividades, una práctica que gana terreno a medida que las condiciones del mercado evolucionan. Los registros oficiales muestran además que la Secretaría Técnica acumula 873 permisos inscritos. Del total, 476 corresponden al expendio al público mediante estaciones de servicio, 58 al transporte por medios distintos a ducto, 17 al autoconsumo y siete a comercialización.

Otro aspecto destacado tiene relación con el desempeño administrativo del organismo regulador. Durante los últimos meses comenzó a notarse una mayor agilidad en la publicación de expedientes dentro del Registro Público y una respuesta más rápida a las solicitudes presentadas por los particulares.

Sin embargo, el experto también advirtió sobre una problemática que sigue generando inconvenientes entre algunos operadores: las modificaciones técnicas no informadas oportunamente. De acuerdo con su evaluación, numerosos establecimientos omitieron realizar trámites obligatorios vinculados con actualizaciones de permisos, una situación que en determinados casos derivó en sanciones económicas, clausuras temporales e incluso cancelaciones definitivas.

“El tema seguirá apareciendo cada vez con más frecuencia porque muchas instalaciones han cometido errores administrativos que terminan teniendo consecuencias importantes”, señaló. La situación es diferente en el segmento de autoconsumo. Allí las autorizaciones avanzan a un ritmo mucho menor debido a la postura adoptada por las autoridades frente a los riesgos asociados al robo de combustibles.

El mismo criterio impacta sobre ciertas actividades vinculadas con el traslado de petrolíferos, donde las exigencias continúan siendo particularmente estrictas. Para Guzmán Juárez, aquellas compañías que lograron mantenerse activas durante los últimos años fueron las que entendieron la necesidad de optimizar recursos, eliminar gastos innecesarios y ajustar procedimientos internos.