A finales de la semana pasada, el Instituto Petrolero de Estados Unidos pidió formalmente al gobierno de Donald Trump que aborde las “violaciones persistentes” de México al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, centradas en el sector de hidrocarburos.

En una carta enviada al Representante Comercial para el Hemisferio Occidental, Daniel Watson, la API acusó al gobierno mexicano de haber revertido los avances hacia un mercado energético abierto, afectando tanto la importación como la distribución de combustibles. El organismo, que agrupa a más de 600 compañías del sector, señaló que las reformas implementadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador reforzaron el control estatal y redujeron la participación privada.

Entre los principales reclamos se destacan las restricciones a los permisos de importación, que pasaron de 20 a 5 años, los límites a las cantidades autorizadas por empresa y las trabas para desarrollar infraestructura de almacenamiento y transporte de combustibles. Según la API, estas medidas generan un entorno desfavorable para las inversiones extranjeras y benefician directamente a Petróleos Mexicanos. 

“Las empresas estadounidenses enfrentan un marco desigual que obstaculiza su operación en México, con ventajas regulatorias otorgadas a la petrolera estatal”, advirtió el documento. El organismo solicitó además restablecer el mecanismo original de solución de controversias del antiguo TLCAN, para que los inversionistas puedan recurrir ante violaciones a las garantías de inversión.

La tensión se suma a los cuestionamientos de la Business Roundtable, que hace una semana también pidió al gobierno estadounidense exigir a México el fin de la “discriminación a favor de las empresas estatales”, aludiendo a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. En su carta al USTR, el grupo empresarial sostuvo que las medidas aplicadas por México en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y aviación violan el principio de trato equitativo del tratado comercial.

Frente a estas críticas, en el día de ayer, la secretaria de Energía, Luz Elena González, respondió ante el Senado que el capítulo energético del T-MEC “no limita la soberanía de México” y aseguró que el país mantiene un diálogo permanente con Estados Unidos y Canadá. “El tratado reconoce la soberanía de cada nación sobre sus hidrocarburos y su sector energético”, afirmó, subrayando que el gobierno busca enviar un mensaje de estabilidad y cumplimiento.

Según especialistas consultados por Surtidores Latam, este debate ocurre a menos de un año del inicio formal de la revisión del T-MEC, prevista para 2026, y vuelve a colocar al mercado de combustibles en el centro de la relación comercial norteamericana. Las restricciones a las importaciones, los topes de precios y las demoras en los permisos de nuevas terminales y Estaciones de Servicio serán temas principales en la negociación.