La unión gremial SOMOS UNO, presentó ante el Ministerio de Minas y Energía un derecho de petición para solicitar claridad sobre el tratamiento regulatorio y tributario del denominado “servicio de aditivación” que algunos proveedores están cobrando a las estaciones de servicio por separado del valor del combustible.
La consulta, radicada durante la jornada de ayer y compartida con Surtidores LATAM, surge a partir de una modalidad de facturación que, según el gremio, se viene implementando en el suministro de combustibles a las estaciones. El caso planteado está relacionado con el portafolio Terpel GT Premium, presentado por Organización Terpel en junio de este año, que contempla versiones aditivadas de gasolina corriente, gasolina extra y diésel.
De acuerdo con el documento, el combustible continúa facturándose por galón con el precio correspondiente a la estructura vigente, mientras que la aditivación aparece en una línea independiente como “servicio de aditivación”. Este concepto se factura por unidades de servicio y no por galón, con un valor determinado por despacho y con IVA a la tarifa general.
Para SOMOS UNO, el problema no está tanto en el monto del cobro como en sus efectos sobre la estructura de precios. En el caso utilizado como referencia, el servicio representa aproximadamente 65 pesos colombianos por galón al prorratear el valor sobre el volumen despachado. Sin embargo, ese costo no aparece incorporado en los componentes que actualmente determinan el precio máximo de venta al público.
El gremio advierte que las Resoluciones CREG 104 004 y 104 005 de 2026, aplicables respectivamente a la estructura general y a las zonas de frontera, no contemplarían un concepto específico que permita reconocer ese valor adicional. La preocupación adquiere mayor relevancia para las estaciones sometidas al régimen de libertad regulada, donde el minorista debe respetar el precio máximo establecido.
La situación, según SOMOS UNO, deja a las estaciones frente a una disyuntiva: asumir un costo que no estaría reconocido dentro de la estructura o trasladarlo al consumidor, con el riesgo de superar el precio máximo permitido. El gremio recuerda que el distribuidor minorista no controla la modalidad de facturación utilizada por su proveedor ni interviene necesariamente en la selección y dosificación del aditivo, pero sí responde por el precio exhibido y cobrado en el surtidor.
Por eso, la organización pidió al Ministerio determinar si un combustible al que se aplica un servicio de aditivación mantiene su condición de producto sometido a las estructuras de precios de la CREG y, en caso afirmativo, si el valor de ese servicio debe considerarse parte del precio de venta en planta, aunque aparezca facturado en una línea independiente. También solicitó establecer si los $65 por galón pueden trasladarse directamente al consumidor final o cuál debería ser el tratamiento para calcular el precio máximo.
La consulta también abarca aspectos tributarios y operativos. SOMOS UNO preguntó por el tratamiento del cobro frente a la sobretasa, el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM y el impuesto al carbono; su eventual reporte ante el SICOM; la aplicación del IVA; y quién tiene la responsabilidad sobre la calidad del combustible aditivado. Finalmente, el gremio planteó la posibilidad de que el Ministerio o la CREG emitan una circular o regulación que precise cómo deben tratarse estos servicios y cobros asociados a combustibles sujetos a precio máximo.
