Abrir una estación de servicio en Latinoamérica puede convertirse en un proceso que se extiende durante meses o incluso años. Permisos, autorizaciones, requisitos de distintas dependencias y procedimientos que varían según cada país forman parte de una carga administrativa que los empresarios consideran uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la actividad.
La problemática volvió a quedar sobre la mesa durante la CLAEC 67, que reúne en El Salvador a representantes de empresarios de combustibles de distintos países de la región. Allí, el intercambio de experiencias permitió identificar una coincidencia que atraviesa a los diferentes mercados: la necesidad de simplificar y digitalizar la relación entre las empresas y los organismos públicos.
Hubert Solís, representante de Costa Rica y de la Cámara de Empresarios de Combustibles de ese país, destacó a Surtidores que las jornadas permitieron comparar las dificultades que enfrenta cada mercado y conocer las herramientas utilizadas para resolverlas.
“Hemos visto la problemática que hay en toda la tramitología que nos atañe a todos los países de Latinoamérica”, explicó.
El dirigente señaló que existen diferencias importantes entre los sistemas regulatorios. Algunos países cuentan con procedimientos más sencillos, mientras que otros deben afrontar procesos más tediosos, con la participación de numerosas entidades estatales.
Pero, pese a esas diferencias, el diagnóstico empresarial converge en un mismo punto: la digitalización puede convertirse en una herramienta para reducir los tiempos de autorización.
Para Solís, uno de los mayores beneficios de avanzar hacia plataformas digitales sería reducir significativamente los plazos que actualmente requiere la habilitación de una estación de servicio.
“Se convertiría en entidades de que duramos muchos meses, incluso años, tramitando un permiso para una estación de servicio, se simplificaría a meses”, sostuvo.
La diferencia no es menor para un sector que necesita realizar inversiones importantes antes de comenzar a operar. Cada demora administrativa puede postergar la puesta en marcha de un proyecto, incrementar costos y afectar las decisiones de inversión.
Una gestión digital permitiría, además, simplificar la presentación de documentación, reducir trámites presenciales y mejorar la coordinación entre organismos. Para los empresarios, el objetivo no debería limitarse a trasladar los formularios del papel a una plataforma, sino avanzar hacia sistemas que permitan integrar las distintas etapas del proceso.
La discusión adquiere mayor relevancia a medida que las estaciones incorporan nuevas tecnologías y servicios. La actividad ya no se limita exclusivamente al despacho de combustibles y los empresarios necesitan marcos administrativos capaces de acompañar la transformación del negocio.
El intercambio desarrollado en la CLAEC 67 permitió que los representantes compartieran logros, dificultades y experiencias regulatorias de sus respectivos mercados.
Solís consideró que esa comparación constituye uno de los principales aportes del encuentro, ya que permite identificar soluciones aplicadas en otros países y evaluar cuáles podrían ser trasladadas a cada realidad nacional.
“Creo que todos los países coincidimos claramente que vamos hacia un mismo norte y es lo que queremos, es la digitalización de todos los procesos de tramitología”, afirmó.
El planteo instala una agenda que trasciende las fronteras nacionales. Aunque cada gobierno mantiene sus propios requisitos y organismos de control, los empresarios consideran que existen oportunidades para avanzar hacia modelos más ágiles, transparentes y previsibles.
