La investigación por el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburos en San José de Iturbide, Guanajuato, abrió un importante interrogante: ¿puede demostrarse documentalmente el origen y recorrido del combustible almacenado?
El operativo se realizó en la comunidad de La Fragua, donde autoridades federales y estatales localizaron diez tanques de almacenamiento, unidades de transporte, contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados. La Fiscalía General de la República precisó que el producto corresponde a 33.5 millones de litros de gasolina Regular, 7.27 millones de Premium y 18.27 millones de diésel, para un total de 59.036.870.5 litros.
El punto que concentra ahora la investigación es la trazabilidad. De acuerdo dio a conocer a Surtidores Latam, Ramses Pech, especialista energético, según la FGR, el origen del hidrocarburo localizado todavía no ha sido acreditado de manera completa, por lo que se realizan diligencias para determinar su procedencia, propiedad, manejo y destino.
El expediente comenzó el 3 de julio de 2026, cuando una persona fue detenida en San Luis de la Paz mientras presuntamente descargaba diésel desde una pipa con capacidad para 33.000 litros en una estación de servicio.
En ese momento no pudo acreditarse la trazabilidad del hidrocarburo. A partir de esa intervención se realizaron distintas diligencias: primero en una gasolinera de San Luis de la Paz, luego en un inmueble dedicado al despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo y finalmente en la terminal ubicada en La Fragua.
La secuencia resulta relevante para el sector porque muestra que la investigación no comenzó con el hallazgo de los 59 millones de litros, sino con una operación de menor escala en la que las autoridades detectaron dificultades para acreditar el origen del combustible y la documentación asociada a su traslado.
La dimensión del aseguramiento convirtió el caso en uno de los mayores operativos de este tipo registrados en México. Sin embargo, la FGR indicó que todavía debe determinarse la cantidad definitiva, la naturaleza, la procedencia y la legalidad del producto mediante dictámenes periciales y análisis documental.
La Fiscalía también informó que investiga posibles delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y en el Código Fiscal de la Federación.
Pech señaló que no se trata solamente de determinar qué combustible estaba físicamente dentro de los tanques, sino de reconstruir documentalmente su recorrido: quién lo adquirió, de dónde provino, quién lo transportó, bajo qué operación llegó a la terminal y cuál era su destino.
La investigación también puso sobre la mesa una distinción relevante para la cadena de comercialización. Es por ello que resulta fundamental contar con una instalación habilitada para almacenar petrolíferos, por lo que no equivale a acreditar automáticamente la procedencia de cada producto almacenado.
Gas Natural del Noroeste, empresa vinculada a la operación de la terminal, sostuvo que la instalación funciona bajo un permiso de almacenamiento y que recibe productos pertenecientes a empresas usuarias. Desde la compañía mencionaron que esas empresas son permisionarias y deben acreditar la propiedad, procedencia y calidad de los petrolíferos. Entre los clientes mencionados se encuentran Pemex, Mobil/ExxonMobil y Valero.
La FGR, por su parte, señaló que no recibió de todas las empresas relacionadas la documentación necesaria para acreditar de manera completa y fehaciente la licitud del origen, manejo y destino del combustible localizado. Por esa razón, la investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.
La nueva etapa estará centrada en el análisis de documentos, entrevistas y elementos financieros y fiscales. El objetivo será establecer la propiedad y operación vinculada con los hidrocarburos y reconstruir la trazabilidad de la totalidad del producto asegurado.
