Las recientes elecciones presidenciales en Venezuela han puesto nuevamente al país en el foco de la atención internacional, no solo por la controversia política sino también por las implicaciones económicas, especialmente en el sector de los combustibles. Este domingo, Nicolás Maduro se declaró vencedor en un proceso electoral marcado por inhabilitaciones y detenciones, una situación que llevó a Edmundo González, el candidato de la oposición, a denunciar un fraude electoral masivo.

La conexión entre la política y la energía es particularmente evidente en Venezuela, un país cuya economía ha dependido históricamente del petróleo. En el año 2000, producía entre 2.9 y 3 millones de barriles de crudo diarios, lo que era esencial no solo para la exportación sino también para abastecer el consumo interno a través de un robusto sistema de refinación. Sin embargo, en 2023, la producción cayó dramáticamente a 783 mil barriles diarios, una disminución que ha sido atribuida a la falta de inversión, corrupción y sanciones internacionales.

Esta caída ha tenido un impacto directo en la disponibilidad de combustibles dentro del país. En diálogo con Surtidores Latam, Ramses Pech, especialista en temas energéticos, ha señalado que la baja capacidad de refinación ha llevado a una escasez crónica de gasolina y diésel en Venezuela. 

Esta situación ha afectado gravemente a las Estaciones de Servicio, muchas de las cuales han cerrado o están operando a una fracción de su capacidad debido a la falta de suministros. Las largas filas de automóviles en las gasolineras se han convertido en una imagen común, evidenciando la crisis de combustibles que enfrenta el país.

“La situación se agrava con las sanciones impuestas por Estados Unidos”, señaló el especialista, explicando las limitaciones en las exportaciones de petróleo venezolano y las restricciones que tienen las operaciones de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El 15 de octubre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General 44, que permitió temporalmente transacciones relacionadas con el petróleo y el gas en Venezuela. “Esta medida fue vista como un alivio, condicionado a la promesa de elecciones más justas en 2024”, sostuvo.

Sin embargo, la administración de Biden determinó que Maduro no cumplió con los términos acordados, lo que llevó al Departamento de Estado de EE. UU. anunció el 30 de enero de 2024 que no renovará la Licencia General 44 después del 18 de abril. Esto significa que estas sanciones agravarán aún más la crisis energética en Venezuela.

“La producción de petróleo en el país tiene una influencia considerable en el mercado global de crudo, y las restricciones podrían reducir aún más la oferta mundial, afectando los precios internacionales”, comentó Pech. Además, las expendedoras de los países vecinos, que a veces dependen de importaciones de productos refinados de Venezuela, también podrían verse implicadas en este malestar. 

En este contexto, Latinoamérica observa con preocupación el desenlace de la situación en Venezuela. La estabilidad política del país y su capacidad para mantener su producción de petróleo son importantes no sólo para su economía interna, sino también para la región. La comunidad internacional sigue de cerca los desarrollos, con la esperanza de una resolución que pueda estabilizar la situación política y económica.