La publicación de las nuevas leyes secundarias el pasado 18 de marzo, el Gobierno de México dio un paso decisivo en su Estrategia Nacional de Hidrocarburos, estableciendo un marco regulatorio que busca transformar de raíz la política energética del país. El enfoque, según detallaron las autoridades, no solo apunta a fortalecer la soberanía y seguridad energética, sino también a garantizar un mercado de combustibles más justo, eficiente y transparente.

El eje central de esta reforma es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación, con una inyección de inversión pública orientada a mejorar la eficiencia operativa de Pemex. La meta es alcanzar la tan mencionada autosuficiencia energética, es decir, que la producción de combustibles de Pemex logre cubrir la demanda nacional. Para el Gobierno, este es el camino hacia una verdadera soberanía energética, alejándose de la dependencia de importaciones.

En este sentido, uno de los aspectos más destacados es la incorporación de mecanismos para regular contraprestaciones, precios y tarifas en todas las actividades del sector, incluyendo la venta al público. Este cambio representa una ruptura con el régimen anterior, donde los precios quedaban mayormente librados a las dinámicas del mercado. Como resultado de este nuevo esquema, el sector gasolinero y el Gobierno acordaron de forma voluntaria establecer un precio máximo de 24 pesos por litro para la gasolina regular.

Desde el Ejecutivo reconocen que para lograr combustibles de mejor calidad y al menor precio posible, es imprescindible acompañar la inversión pública con un robustecimiento de la infraestructura en transporte, almacenamiento, distribución y expendio. En este contexto, el nacimiento de la Comisión Nacional de Energía se presenta como una oportunidad clave. 

Las autoridades aseguran que la nueva institución será crucial para agilizar trámites, resolver permisos pendientes y establecer procedimientos administrativos más transparentes y eficaces, brindando certidumbre jurídica a los actores del sector. Esta función resulta vital, especialmente tras la extinción de la CRE, organismo que dejó una importante carga de solicitudes sin resolución.

Un cambio innovador en la legislación es la incorporación de la responsabilidad solidaria para los importadores de combustible adulterado, disposición que será controlada conjuntamente por el SAT y la Secretaría de Energía. De esta forma, se busca cerrar el paso a las prácticas irregulares desde el origen del suministro.

La reforma también introduce la figura de la «Formulación» como nueva actividad permisionada, lo que permitirá regular la mezcla de combustibles y fomentar la creación de infraestructura orientada a garantizar la calidad del producto y su competitividad en precios.

En el ámbito social y ambiental, la Secretaría de Energía tendrá ahora la facultad de sancionar a quienes desarrollen infraestructura sin contar con un resolutivo favorable de Manifestación de Impacto Social, lo que se convertirá en una condición sine qua non para la obtención de permisos ante la CNE. Además, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente se encuentra reforzando su rol en la vigilancia de actividades de autoconsumo y usos propios, así como en la regulación de operaciones de trasvase, que solo podrán realizarse en actividades de almacenamiento y distribución.

Sobre esto, Alicia Zazueta, Presidenta de AMPES expresó: “Es una forma de avanzar en la lucha contra el combustible mezclado y el producto ilegal. Nosotros siempre hemos promovido el cumplimiento regulatorio y las buenas prácticas”. 

Finalmente, la implementación de una plataforma de Información Electrónica a cargo de la Secretaría de Energía permitirá mejorar la planeación del sector, automatizar procesos gubernamentales y garantizar un control más estricto sobre las obligaciones de las empresas ante las autoridades de los tres niveles de gobierno.