La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado un paso decisivo en materia energética al firmar un paquete de leyes secundarias que consolidan su reforma constitucional en el sector. Con esta medida, se revierten los cambios introducidos en 2013 por el expresidente Enrique Peña Nieto y se fortalece el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) como empresas públicas del Estado, bajo el principio de la Austeridad Republicana.

En su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó la trascendencia de esta iniciativa: ”Recuperamos el sentido público de CFE y Pemex como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y la soberanía nacional”. Además, destacó que este paso es clave para la implementación del Plan México, que busca asegurar la disponibilidad de energía y establecer mecanismos de financiamiento.

El paquete de reformas incluye seis leyes principales que redefinen la regulación del sector, abarcando desde la organización de las empresas públicas hasta la planificación y transición energética. Adicionalmente, se armonizan otras cinco normativas que establecen nuevas disposiciones sobre ingresos, biocombustibles y regulación del sector eléctrico e hidrocarburos. 

Uno de los cambios fundamentales radica en la eliminación del concepto de monopolio para Pemex y CFE dentro del artículo 28 de la Constitución, permitiendo su operación bajo un enfoque de función social y servicio público estratégico.

En diálogo con Surtidores Latam, Alejandro Montufar, CEO de la consultora Petrointelligence, analizó el impacto de estas modificaciones y subrayó que con estos movimientos se empiezan a delinear las estrategias energéticas del gobierno de Sheinbaum. “Incorporan un enfoque social-público en la política energética federal. Además, se introduce el concepto de justicia energética, basado en el bienestar social, la estabilidad de precios y la inversión en electricidad”, explicó.

Entre los cambios estructurales, Montufar destacó la reorganización de instituciones con el objetivo de reducir duplicidades y mejorar la eficiencia. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se integra a la Secretaría de Energía (SENER), mientras que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) cede parte de sus facultades en petróleo a SENER y se transforma en la Comisión Nacional de Energía (CNE). 

Otro aspecto relevante de la reforma es el combate al contrabando fiscal mediante la trazabilidad de hidrocarburos, un elemento que hasta ahora carecía de definición clara. “El reconocimiento del sector privado en la industria extractiva también es un punto a tener en cuenta, ya que se establecen mecanismos de participación privada con Pemex”, agregó Montufar. 

También resaltó la necesidad de una simplificación administrativa y un ordenamiento regulatorio que brinde certeza jurídica a las inversiones, especialmente en sectores como el de las Estaciones de Servicio, donde los trámites siguen sin contar con reglas claras.

Finalmente, el CEO consideró que esta reforma representa una oportunidad para completar las transformaciones inconclusas de 2014. “Siempre existe el riesgo de fallas regulatorias y de distorsiones en la competencia económica. Sin embargo, iremos viendo su dimensionamiento con la implementación de estas leyes y otras que complementen la estrategia energética del país del gobierno en turno.”, concluyó.