El huachicol volvió a ocupar los titulares en México luego de un operativo que derivó en la captura de 14 personas, entre ellas cinco marinos en activo, un marino en retiro, cinco exfuncionarios de aduanas y tres empresarios. Según explicó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, se trata de una organización que operaba mediante documentación apócrifa para facilitar el traslado y la comercialización ilegal de combustibles.

El origen de la investigación se remonta a marzo, cuando el gobierno anunció un decomiso “histórico” en Tamaulipas de 10 millones de litros de diésel ilícito, descargados de un buque y transportados en tractocamiones. En esa ocasión no hubo detenidos, pero la documentación aduanal resultó falsa, ya que el hidrocarburo no correspondía con lo declarado. Al poco tiempo, otra incautación en Baja California reforzó las sospechas sobre la magnitud de la red. La embajada de Estados Unidos en México, sin embargo, advirtió que el problema es más complejo, ya que empresas estadounidenses también participan en este esquema, lo que generó tensiones bilaterales.

En paralelo, el primer Informe de gobierno de Claudia Sheinbaum reveló que entre octubre de 2024 y junio de 2025 se detectaron 2.937 intentos de contrabando en aduanas, un promedio de 11 hallazgos diarios, en los que se pretendía ingresar gasolinas como si fueran aceites sin impuestos. Este huachicol representa pérdidas de hasta 3.000 millones de pesos mensuales para el SAT, aunque expertos advierten que también hay empresas estadounidenses implicadas en este esquema.

En diálogo con Surtidores Latam, Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, diferenció dos modalidades de huachicol: el fiscal, ligado al contrabando y evasión de impuestos, y el de extracción por ductos. “Mientras estuvo suspendido el IEPS no había incentivos para contrabandear, pero con su reimplantación resurgieron las ofertas a precios demasiado bajos para ser legítimos”, señaló.

Las pérdidas para Pemex superan los 3.800 millones de dólares en los últimos cinco años, y el impacto no se limita a la petrolera estatal. El expendio minorista sufre la competencia desleal de quienes logran ofrecer combustibles a precios artificialmente bajos. Para las estaciones de servicio, aceptar productos sin trazabilidad implica riesgos fiscales, técnicos y reputacionales.

En este contexto, especialistas insisten en que la última línea de defensa contra el huachicol está en los propios surtidores: verificar facturas con IEPS en regla, exigir permisos válidos a proveedores y transportistas, y realizar pruebas de calidad periódicas que detecten adulteración. “Cuando un precio es demasiado barato para ser cierto, probablemente no lo sea”, advirtió Montufar.

El caso de la Marina muestra la profundidad del problema, pero también ofrece una enseñanza práctica: la corrupción y la informalidad encuentran huecos en las instituciones y en la logística, pero el expendio legal puede blindarse con controles robustos. En definitiva, cada estación que refuerza su trazabilidad contribuye a cerrar el paso al huachicol en el punto donde más duele: la venta al consumidor.