El mercado de combustibles mexicano atraviesa una de sus etapas más críticas en materia de transparencia y control. De acuerdo con un estudio elaborado por Ramses Pech, analista del sector, el país se ubica entre los más afectados a nivel mundial por el robo y fraude de combustibles, una práctica que, según estimaciones globales, representa entre el 5% y el 7% del mercado total de energía y genera pérdidas anuales por 133 mil millones de dólares en el mundo.

“En México, el problema no solo se reduce al robo de ductos; también hay un mercado paralelo alimentado por la importación irregular de combustibles que se declaran como lubricantes o aceites residuales para evadir el pago del IEPS”, señaló Pech a Surtidores Latam. Este esquema, explicó, involucra tanto a funcionarios públicos como a agentes aduanales y empresas privadas, consolidando una red de corrupción que se ha fortalecido desde la apertura del mercado en 2015.

El especialista detalló que existen dos modalidades principales de delito en el sector. La primera es el robo físico de combustible en las tuberías de PEMEX, con perforaciones registradas cada dos horas y pérdidas estimadas en 30 a 40 mil millones de pesos anuales, sin contar los costos de reparación.

La segunda, que se incrementó notablemente entre 2020 y 2025, es el fraude en la importación: los combustibles ingresan al país con documentos alterados para simular que se trata de productos exentos de impuestos. “Esto provocó una pérdida directa para el erario de entre 100 y 150 mil millones de pesos por año”, advirtió.

Las irregularidades detectadas entre los reportes de la SENER y la Agencia de Información Energética de Estados Unidos refuerzan la magnitud del problema. Solo en el caso del diésel, las diferencias entre lo reportado por ambas fuentes oscilaron entre un 15% y un 30%, equivalentes a unos 15 mil millones de litros no declarados. “Estamos hablando de 63 mil millones de pesos que no ingresaron a las arcas públicas en ese periodo”, puntualizó Pech.

Para el analista, el impacto no es únicamente económico. También afecta la seguridad del sistema energético nacional y la competitividad del mercado. “El combustible ilegal distorsiona los precios, desplaza a los distribuidores formales y deteriora la confianza del consumidor. Mientras PEMEX pierde participación, crece una economía paralela que opera sin reglas”, subrayó.

Ante este panorama, el gobierno implementó nuevas regulaciones que buscan frenar el avance del mercado ilegal, entre ellas la instalación obligatoria de GPS en las unidades de transporte y la reducción del periodo de vigencia de los permisos de comercialización a dos años, con exigencias de trazabilidad y transparencia. Además, la figura del agente aduanal corresponsable busca reforzar los controles sobre la importación de productos.

Sin embargo, Pech sostuvo que las medidas normativas no serán suficientes si no se abordan las causas estructurales. “La solución no pasa solo por más reglamentos, sino por la credibilidad y ética de los funcionarios y empresarios que integran la cadena. Sin un compromiso real, el mercado seguirá basado en la simulación”, enfatizó.

El especialista concluyó que, de lograrse un control efectivo del robo y del fraude, México podría recuperar entre 200 y 300 mil millones de pesos anuales, fortalecer las finanzas públicas y devolverle competitividad al mercado energético.