La política de contención de precios de combustibles en México entró en una nueva fase de intensificación, con incrementos consecutivos en los estímulos fiscales al diésel y un respaldo explícito del sector gasolinero organizado. Onexpo Nacional tomó protagonismo al acompañar las medidas del Gobierno federal, al tiempo que planteó condiciones clave para su sostenibilidad.

Tras iniciar marzo sin apoyos, el estímulo al diésel escaló rápidamente: pasó de 35.21 % a mediados de mes a 61.80 %, luego a 70.28 % y finalmente a 81.20 % en los primeros días de abril. La gasolina magna y la premium también retomaron beneficios fiscales, alcanzando subsidios del 31.34 % y 18.48%, respectivamente.

Frente a este escenario, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en acuerdos voluntarios con los empresarios para contener los precios al público. En el caso de la gasolina magna, se fijó un tope de 24 pesos por litro, mientras que para el diésel se negocia mantenerlo en torno a 28.3 pesos, luego de haber superado los 31 pesos y generar preocupación en el sector del autotransporte por su impacto inflacionario.

En este entramado, Onexpo Nacional respaldó la estrategia oficial, destacando la necesidad de medidas que amortigüen el impacto internacional. Sin embargo, el organismo fue enfático en señalar que estas políticas deben contemplar la realidad operativa del sector. “Es necesario que estas disposiciones tomen en cuenta la viabilidad financiera de las empresas, para que tengan efecto y perdurabilidad”, indicó a Surtidores Latam.

La organización, que agrupa a asociaciones de empresarios gasolineros en todo el país, aclaró que no actúa como agente económico directo, pero sí participa activamente en las mesas de trabajo encabezadas por la Secretaría de Energía. En estos espacios, impulsa la coordinación entre autoridades y privados para diseñar mecanismos de contención que no comprometan la estructura del mercado.

Desde Onexpo remarcaron que el precio final del diésel está condicionado por múltiples variables, entre ellas los costos logísticos, operativos y la dinámica internacional de los hidrocarburos. Por ello, insistieron en que cualquier intervención debe considerar estos factores para evitar distorsiones que afecten la rentabilidad de las estaciones de servicio.

El Gobierno, por su parte, sostuvo que la prioridad es evitar un traslado directo de los aumentos energéticos a la inflación, que actualmente se ubica en 4.63 %, y proteger el poder adquisitivo de los hogares. La estrategia replica, en parte, la aplicada en 2022 tras el inicio de la guerra en Ucrania, con el uso intensivo de estímulos fiscales al IEPS.

Cabe señalar que el escenario internacional mostró un giro inesperado en las últimas horas. Tras el anuncio de una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo registró una fuerte corrección a la baja, disipando parcialmente las tensiones que venían presionando al alza a los combustibles. El Brent llegó a caer hasta un 16%, ubicándose por debajo de los 92 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate tocó niveles cercanos a los 90 dólares, marcando su mayor desplome en casi seis años.

El acuerdo, que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, fue interpretado por el mercado como una señal de alivio en el suministro global. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump condicionó la continuidad del alto el fuego al cumplimiento de este punto, lo que introduce todavía un factor de incertidumbre sobre la estabilidad de los precios en el corto plazo.