La situación financiera de Petróleos Mexicanos volvió a generar preocupación dentro del mercado energético mexicano luego de conocerse que la empresa aplazó hasta 2033 el pago de una parte importante de su deuda con proveedores y contratistas. La medida apareció en simultáneo con fuertes planteos del empresariado durante la convención anual de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, donde distintos actores del sector cuestionaron la falta de presencia oficial y pidieron mayor diálogo con la iniciativa privada.

Según datos incluidos en la Cuenta Pública 2025 presentada por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, Pemex emitió acuerdos modificatorios para extender durante ocho años el pago de adeudos generados el año pasado. El esquema contempla cuotas trimestrales de capital e intereses.

Al cierre de marzo de 2026, la deuda total con proveedores ascendía a 375 mil millones de pesos. De ese monto, 250 mil 498 millones quedaron incluidos dentro de los convenios firmados por la petrolera, lo que implica que cerca de 67 por ciento de las obligaciones serán canceladas de manera escalonada hasta 2033.

El anuncio generó inquietud entre empresas de servicios, logística y abastecimiento vinculadas a la actividad hidrocarburífera, debido a que muchas dependen de esos pagos para sostener operaciones, afrontar costos financieros y mantener proyectos en marcha.

Durante el evento de Onexpo, realizado en Mérida, empresarios del sector manifestaron malestar por la ausencia de autoridades federales por segundo año consecutivo. Los participantes del encuentro interpretaron esa decisión como una señal de distanciamiento en un momento donde la industria reclama mayor intercambio con el gobierno nacional.

El empresario Héctor Gutiérrez sostuvo que las decisiones políticas terminaron predominando sobre criterios técnicos y pidió abrir más espacios de comunicación entre funcionarios y compañías energéticas.

El planteo apareció en medio de crecientes dudas sobre la situación económica de Pemex y sobre las consecuencias que podría generar en toda la cadena de combustibles, incluyendo abastecimiento, servicios petroleros, infraestructura y nuevos proyectos privados.

Analistas del sector consideran que el diferimiento de pagos permite aliviar parcialmente la presión inmediata sobre la caja de la empresa, aunque también deja en evidencia las dificultades que enfrenta la petrolera para cumplir compromisos en el corto plazo.

Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, afirmó que el nuevo director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, asumirá la conducción de la compañía en una etapa compleja, marcada por baja disponibilidad de efectivo, elevados compromisos financieros y necesidad de ordenar cuentas operativas.

A esto se sumó la decisión de S&P de modificar de estable a negativa la perspectiva de la deuda de Pemex. La calificadora mantuvo la nota crediticia individual de la compañía en “ccc+”, al considerar que continúa mostrando alta vulnerabilidad financiera y limitaciones de liquidez.

La agencia recordó además que entre 2019 y 2025 el gobierno mexicano otorgó apoyos a Pemex por alrededor de 69 mil 800 millones de dólares, reflejando el peso que la empresa mantiene sobre las finanzas públicas del país.

Dentro del mercado energético, el aplazamiento de pagos también empieza a generar preocupación por sus posibles efectos sobre futuras inversiones privadas. Especialistas advierten que los atrasos prolongados suelen elevar costos de financiamiento, afectar contratos y disminuir el interés de empresas en participar en iniciativas vinculadas a exploración, transporte, almacenamiento y comercialización de combustibles.