El negocio del diésel comenzó a poner a prueba los márgenes de las estaciones de servicio mexicanas. Mientras el Gobierno busca contener el valor al público mediante estímulos fiscales y un acuerdo voluntario de estabilización, los operadores enfrentan mayores gastos de abastecimiento, transporte y financiamiento.
La consecuencia más visible es la decisión de algunos establecimientos de dejar de comercializar el producto para evitar pérdidas.
Alejandro Montufar, director general de PetroIntelligence, señaló a Surtidores que la cifra relevada por la consultora llegó a 187 estaciones al cierre de septiembre. Aunque representa una proporción reducida frente a un universo superior a 14.000 establecimientos, el especialista destacó la señal que implica que operadores opten por retirar un producto de sus surtidores antes que asumir un resultado negativo.
“Estamos en un contexto donde la estación de servicio está ganando menos”, explicó Montufar. Según su análisis, buena parte de los negocios se encuentra actualmente cerca del punto de equilibrio, es decir, alcanzan a cubrir sus costos operativos, pero no obtienen un rendimiento suficiente sobre la inversión.
El acuerdo voluntario para contener el valor del diésel redujo los ingresos, mientras que el flete de última milla aumentó y el financiamiento de las ventas a flotillas encareció la operación. A esto se suma una menor comercialización de gasolina Premium debido a sus elevados valores.
El especialista remarcó que la estructura de una estación orientada a flotillas también requiere una inversión diferente. El terreno suele ser de mayor superficie, los tanques tienen más capacidad y los equipos de despacho son más costosos y rápidos.
A esa inversión se agrega una particularidad del diésel: una parte importante de las ventas se realiza a empresas de transporte bajo condiciones de crédito. Los plazos pueden extenderse entre 30 y 60 días, por lo que el operador debe esperar para recuperar el dinero utilizado para comprar el producto.
“No es lo mismo recibir el recurso de manera inmediata cuando se hace la compra del combustible que recibirlo 30 a 60 días después”, explicó Montufar. Esa diferencia genera un costo financiero que puede reducir todavía más el margen disponible por litro.
La presión también está modificando el mapa de proveedores. De acuerdo con PetroIntelligence, los importadores privados tienen dificultades para competir con las condiciones mayoristas ofrecidas actualmente por Pemex.
Como consecuencia, algunas estaciones que anteriormente compraban a compañías privadas están recurriendo a la petrolera estatal. Montufar estimó que Pemex concentra actualmente entre 80% y 90% del mercado mayorista.
El cambio tiene además una consecuencia logística. El aumento de clientes de Pemex llevó a reorganizar los puntos desde los cuales se despacha el producto hacia distintos establecimientos del país.
Montufar mencionó como ejemplo operadores que anteriormente cargaban en Guanajuato y ahora deben hacerlo en Tula, Hidalgo. También señaló casos de establecimientos que se abastecían en Villahermosa y fueron derivados hacia Pajaritos.
Según el director de PetroIntelligence, en determinados casos el costo del flete llegó a aumentar 400%. El problema no termina cuando el camión llega a la nueva terminal. De acuerdo con el especialista, también se están registrando mayores tiempos de espera y situaciones en las que las pipas arriban al punto de carga sin encontrar producto disponible.
Esta combinación de mayores distancias, transporte más caro y demoras termina impactando directamente en las cuentas del operador.
El Gobierno mexicano, por su parte, mantiene el estímulo del 100% al IEPS sobre el diésel y utiliza apoyos complementarios para amortiguar el incremento de los valores internacionales. El acuerdo voluntario establece además un precio objetivo de hasta 27 pesos mexicanos por litro.
El esquema busca limitar el impacto de los energéticos sobre la inflación, pero genera una diferencia cada vez más relevante entre el valor al público y los costos que enfrentan algunos operadores para poner el producto en el surtidor.
La Secretaría de Energía tenía identificadas 1.129 estaciones que no cumplían con el acuerdo voluntario al 23 de septiembre. Ese registro no significa que esos establecimientos hayan suspendido la venta, pero muestra que una parte de la red enfrenta dificultades para operar dentro del esquema.
Por ahora, no se anticipan desabastos generalizados. Sin embargo, sí se pueden identificar algunas zonas donde la disponibilidad ya presenta dificultades.
Montúfar también señaló que la evolución de los precios internacionales será determinante para los próximos meses. Su planteo es que los estímulos complementarios deberían ajustarse conforme aumenten los costos externos, especialmente mientras continúe vigente el límite establecido para el consumidor.
