El impacto del descalabro financiero de la firma ya trasciende el mercado de los combustibles. En esta oportunidad, las señales de alarma se encendieron en el polo azucarero guaireño, donde los trabajadores del campo demandaron respaldo institucional a fin de asegurar el desembolso por la campaña agrícola en curso y los compromisos económicos pactados para el cierre del calendario.
El reclamo fue elevado por voceros del sector cañero ante el desconcierto que suscitan los saldos bancarios de Petropar. Aunque los propios agricultores reconocen que hasta la fecha el cronograma de cobro no registra atrasos efectivos, exigen previsiones fidedignas sobre la liquidez operativa indispensable para saldar las cuentas pendientes.
El cuadro de tensión cobra mayor envergadura porque el rol de la entidad va más allá del abastecimiento de hidrocarburos a escala nacional. Mediante su planta industrial en el cuarto departamento, sostiene un engranaje socioeconómico que da sustento directo a cientos de familias campesinas supeditadas al acopio, descarga y procesamiento de la materia prima.
El diferendo estalló a raíz de los obstáculos que afronta la empresa para disponer libremente del dinero colocado en Ueno Bank. Frente a esto, la administración estatal promovió una denuncia penal contra directivos de la entidad crediticia por presuntas conductas delictivas, e instó la mediación de los organismos de control para auditar los balances y recuperar los activos.
Según estimaciones de la prensa paraguaya, los depósitos bajo custodia ascenderían a unos 40.000 millones de guaraníes. No obstante, las autoridades pertinentes todavía no convalidaron dicho número como el arqueo definitivo de la masa dineraria trabada.
El incidente abrió serios interrogantes acerca del flujo de caja de la petrolera y su margen real para recurrir al capital con el que debe honrar su pasivo corriente. Si bien no se comprobó que el conflicto afecte de manera directa a los labriegos, la advertencia de las bases rurales evidencia que el estrés patrimonial comenzó a contagiar a otras actividades satélites del ente público.
La petición del gremio no atañe únicamente a una liquidación aislada. El cultivo de caña demanda constante inyección de efectivo para financiar el corte, contratar cuadrillas, sostener la logística del flete y cubrir los costos operativos de cada zafra. Bajo este esquema, la puntualidad en los giros de la industria resulta decisiva para evitar el colapso del circuito productivo regional.
En septiembre, Petropar había anunciado una alianza comercial con la firma NEUALCO S.A. para recepcionar y procesar parte de la cosecha remitida por los proveedores empadronados en la alcoholera pública. Dicho convenio fijó que los labradores percibirían el mismo valor que retribuía el Estado por tonelada ingresada a molienda.
Ese precedente ratificó la necesidad de preservar el ritmo operativo fabril y asegurar salidas comerciales al rendimiento del campo, incluso cuando las instalaciones públicas se ven saturadas y exigen complementariedad con el sector privado.
En el presente, la inquietud campesina se focaliza en un aspecto medular: la certidumbre sobre los ingresos devengados por las cargas entregadas y el desembolso cabal del remanente prometido para clausurar el período productivo.
Hasta el momento, no existen pruebas objetivas que indiquen cortes en los desembolsos a los productores o una paralización de la zafra. Pese a ello, el pedido de avales constituye un claro síntoma de que el tembladeral bancario de la entidad estatal ya genera desconfianza palpable entre sus contratistas primarios.
