Una modificación tributaria prevista para 2027 podría alterar las cuentas de miles de negocios en México. Aunque el Gobierno no propuso aumentar las tasas del Impuesto sobre la Renta, el nuevo tope a las deducciones autorizadas amenaza con elevar la carga fiscal de compañías que operan con márgenes de ganancia muy reducidos.
El cambio, incluido en el Paquete Económico 2027, establece que determinadas personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos y que determinen utilidad fiscal no podrán deducir más del 96.67% de ese monto. En la práctica, esto significa que, cuando sus costos y gastos superen dicho porcentaje, deberán calcular el gravamen sobre una base mayor a la que reflejaría su rentabilidad económica real.
La iniciativa fue presentada el 8 de septiembre y aprobada por la Cámara de Diputados a mediados de octubre. Su justificación recaudatoria apunta a las compañías de mayor facturación, que concentran cerca del 90% del ISR pagado por los contribuyentes corporativos.
Sin embargo, el problema aparece cuando se observa cómo funciona una actividad con márgenes mínimos. Un negocio puede mover millones de pesos al año y, aun así, conservar un beneficio marginal tras liquidar mercadería, logística, salarios y otros costos operativos.
Ese es precisamente el argumento que explicó a Surtidores Latam, la empresa especializada en estadísticas sobre combustibles, PetroIntelligence. Para dimensionar el impacto de la reforma, el estudio toma como ejemplo a un distribuidor mayorista de abarrotes con ingresos anuales de 100 millones de pesos y costos equivalentes al 99% de su facturación.
Con las reglas actuales, el negocio tendría una utilidad fiscal de un millón de pesos y pagaría 300.000 pesos de ISR, considerando una tasa del 30%.
Con el nuevo esquema, las deducciones quedarían restringidas a 96,67 millones de pesos. La base imponible subiría a 3,33 millones y el impuesto alcanzaría aproximadamente 999.000 pesos. Es decir, la obligación tributaria aumentaría un 233%, pese a que la operación comercial no habría generado una rentabilidad adicional.
La diferencia puede resultar especialmente difícil de absorber para distribuidores que dependen de una alta rotación de inventario y disponen de poco margen de maniobra para financiar su día a día.
La consultora proyecta que unos 35.000 mayoristas trasladarían a sus precios un incremento cercano al 1%. Dicha alza terminaría impactando, según el reporte, a 1,37 millones de tiendas de abarrotes y, finalmente, a los consumidores. La estimación calcula un sobrecosto de unos 2.041 pesos anuales por hogar, con un efecto agregado superior a los 81.000 millones de pesos.
Uno de los principales factores a ponderar es que el texto legal contempla la posibilidad de aplicar los conceptos no deducidos durante los 20 ejercicios siguientes. Por lo tanto, no se trata necesariamente de una pérdida definitiva, sino de un diferimiento que puede generar tensiones financieras importantes.
Para un distribuidor que opera de forma constante con costos del 99% sobre sus ingresos, recuperar ese saldo a favor resultará complejo si no logra ampliar su margen fiscal en los años posteriores. Por ende, el golpe a la liquidez puede ser considerable, aunque estará sujeto a la dinámica de cada empresa.
Asimismo, surgen discrepancias dentro de los propios números de la consultora. Mientras las conclusiones mencionan un alza de precios del 1%, una de sus tablas proyecta una variación del 0,8%. Con este último cálculo, el resultado arroja una utilidad real cercana a los 790.000 pesos, superior a los 700.000 pesos iniciales.
El ajuste aplicado por los mayoristas se traslade íntegramente al consumidor. Las grandes cadenas comerciales suelen abastecerse de forma directa con fabricantes y productores, mientras que los alimentos frescos recurren a canales logísticos distintos. En consecuencia, la canasta básica difícilmente experimente un impacto homogéneo.
La cantidad real de comercios alcanzados, el porcentaje de traslado a góndola y los tiempos de absorción del mercado demandan mediciones independientes para validar las proyecciones.
Uno de los aspectos más llamativos para el mercado de los hidrocarburos surgió durante el trámite parlamentario. Según PetroIntelligence en la discusión del Senado se incorporó una exclusión para las compañías autorizadas a comercializar gasolina y diésel, beneficio que habría sido ratificado por la Cámara de Diputados el 3 de noviembre.
De confirmarse esta disposición en el texto definitivo, los operadores del rubro no quedarían sujetos al nuevo límite. Esto representaría una ventaja frente a otras actividades comerciales que operan con altos volúmenes de facturación y estructuras de costos sumamente ajustadas.
La distinción resulta clave para estaciones de servicio y distribuidores mayoristas, aunque será necesario corroborar el alcance técnico de la excepción, qué figuras jurídicas abarca y bajo qué requisitos aplicará. Si bien el informe cita este cambio, sus datos por sí solos no bastan para darlo por definitivo.
La reforma incluye otros ajustes de peso para el sector privado. Entre ellos destacan el tope al uso de pérdidas fiscales (que se limitaría al 50% de la utilidad del ejercicio) y el recorte a la deducción de intereses netos, que pasaría del 30% al 20%. En paralelo, se prevé elevar a 50 millones de pesos el techo de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza.
A su vez, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) alertó sobre el incremento de la tasa efectiva que afrontarán las sociedades comerciales. A este panorama se suman las modificaciones al coeficiente de utilidad para los pagos provisionales de 2027, una medida que podría acelerar las demandas de efectivo para las compañías.
