La posibilidad de tener que anunciar los cambios de precios antes de aplicarlos encendió una señal de alerta máxima entre los estacioneros. CECHA y FECRA expresaron su rechazo al proyecto que se debate en la Provincia de Buenos Aires y advirtieron que su implementación provocaría faltantes temporales de combustibles, con consecuencias para consumidores, empresas y miles de PyMES de esa jurisdicción.
El planteo apunta a la iniciativa impulsada por la diputada provincial Ayelén Rasquetti, que propone establecer plazos obligatorios para comunicar las modificaciones. Al respecto, el presidente de FECRA Hernán Landgrebe, sostuvo que la medida impone una exigencia impracticable para quienes atienden al público y no definen los valores que reciben de sus proveedores.
El proyecto distingue dos obligaciones. Las petroleras deberán informar las variaciones a la autoridad de aplicación con una anticipación mínima de 72 horas corridas. Las Estaciones de Servicio, por su parte, tendrán que exhibir los nuevos importes al público al menos 48 horas antes de que comiencen a regir. La propuesta comprende combustibles líquidos y GNC.
Para Landgrebe, ese esquema puede generar graves conflictos que exceden el cambio de una pizarra. En ese sentido advirtió que la medida “generará faltantes temporales en las Estaciones de Servicio”, afectando a quienes forman parte del entramado energético y productivo provincial.
La advertencia pone al abastecimiento en el centro de la discusión. Las entidades pidieron que no se dé el tratamiento legislativo al proyecto y que en todo caso se contemple cómo funciona la actividad y qué posibilidades reales tiene cada operador de anticipar información que depende de decisiones comerciales tomadas por otros actores de la cadena.
“Nosotros no somos los formadores de precios”, remarcó el presidente de FECRA en diálogo con Surtidores. Con esa definición buscó señalar la diferencia entre las compañías que determinan los valores de los combustibles y los expendedores que deben trasladar las modificaciones a su operación cotidiana.
Otro de los puntos cuestionados es el régimen de sanciones. Landgrebe calificó las multas previstas como “exorbitantes e irracionales” y consideró que se pretende penalizar a las estaciones por una obligación que, según su evaluación, resulta de imposible cumplimiento.
Asimismo plantea una objeción constitucional, ya que imponer sanciones en esas condiciones vulneraría derechos básicos de los estacioneros en un mercado desregulado.
En cuanto al acceso a la información, ambas organizaciones afirmaron que los precios ya son públicos y de exhibición obligatoria. Señalaron que pueden consultarse en las estaciones y en los registros de la Secretaría de Energía, y citaron el artículo 4 de la Ley 24.240 como parte del marco de protección al consumidor.
CECHA y FECRA manifestaron su disposición a conversar con la Cámara de Diputados bonaerense y, especialmente, con Rasquetti. “El pedido es abrir cuanto antes una instancia de diálogo para acercar las inquietudes del sector y revisar los efectos que podría tener la propuesta antes de avanzar con su eventual tratamiento”, subrayó el titular de CECHA, Isabelino Rodríguez.
