Para conseguir mayor autonomía, la administración está dispuesta a avanzar en una alternativa que durante años generó fuertes resistencias dentro del oficialismo: la explotación de yacimientos de difícil extracción mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking.
Cerca del 75% del gas natural que consume el país procede de Estados Unidos y alrededor del 80% de esas importaciones llega desde Texas. El combustible es fundamental para el funcionamiento de la industria y, especialmente, para la generación eléctrica, por lo que la continuidad de los suministros se convirtió en una cuestión estratégica para la economía nacional.
Durante una comparecencia ante el Senado de las últimas horas, la secretaria de Energía, Luz Elena González, confirmó que la primera apuesta del Ejecutivo será incrementar al máximo la obtención de gas no convencional. La funcionaria sostuvo que Petróleos Mexicanos tendrá un papel fundamental en ese objetivo y reconoció que, incluso con una incorporación acelerada de energías renovables, el territorio nacional continuará necesitando este recurso.
La gestión anterior, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, había mantenido una posición contraria al fracking por sus posibles consecuencias ecológicas. Ahora, la urgencia por reducir las compras externas llevó a reconsiderar esa postura, aunque sujetando cualquier avance al cumplimiento de exigencias técnicas y medioambientales.
México importa un energético producido mayoritariamente mediante fracturación hidráulica en el país vecino, pero todavía debe determinar si puede utilizar esa misma tecnología dentro de sus fronteras bajo parámetros que considere aceptables.
La preocupación no es exclusivamente teórica. En octubre, problemas técnicos en un gasoducto estadounidense provocaron cortes temporales en los envíos y reavivaron las dudas sobre la seguridad del abastecimiento. El episodio volvió a poner de manifiesto cuánto depende el sistema eléctrico y productivo de una infraestructura que atraviesa la frontera.
La producción ronda los 4.800 millones de pies cúbicos diarios. No obstante, unos 800 millones se queman en mecheros por falta de redes de transporte y otros 900 millones corresponden a nitrógeno. Además, una porción importante del volumen restante se destina al autoconsumo de Pemex.
Durante su presentación ante los senadores, González señaló que la petrolera trabaja para rescatar parte del combustible que actualmente se pierde. Dos campos ubicados en Veracruz y Tabasco concentran alrededor de 500 millones de pies cúbicos diarios de ese excedente. Las obras para incorporar una fracción de ese recurso a la red nacional están próximas a finalizar y las autoridades esperan reducir el venteo hacia fines de 2026 o comienzos de 2027.
En cuanto al fracking, el Ejecutivo todavía no dio luz verde a una explotación comercial generalizada. Un comité de 54 especialistas convocado por la Presidencia analizó las posibilidades de desarrollar los recursos de esquisto y estableció criterios para continuar las investigaciones.
Las recomendaciones apuntan a evitar el uso de agua dulce destinada al abastecimiento poblacional, la agricultura y la ganadería, promover el reciclaje de al menos el 75% del líquido utilizado y mantener estrictos controles de sostenibilidad sobre las operaciones.
Los estudios detectaron viabilidad para continuar las evaluaciones en las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, y Burgos, en Tamaulipas. En cambio, la región de Tampico-Misantla fue descartada por las restricciones ecológicas y sociales señaladas.
El siguiente paso consiste en comprobar la presencia de agua salobre a más de 1.500 metros de profundidad y verificar que esos depósitos no estén conectados con los acuíferos superficiales. Pemex realiza investigaciones para determinar si existen garantías que permitan avanzar sin comprometer las fuentes destinadas al consumo humano.
La participación de capital privado también podría formar parte del desarrollo. Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de establecer contratos mixtos o asociaciones para impulsar estos proyectos, aunque todavía no se conocen los términos definitivos de esos mecanismos.
Para las empresas vinculadas al sector, una eventual apertura representaría oportunidades en exploración, perforación, servicios especializados e infraestructura. No obstante, la magnitud de las inversiones necesarias y el marco regulatorio serán determinantes para definir el interés empresarial.
