Paraguay.
4 Jul, 2025
Suministro Argentina suspende transbordos de combustibles y Paraguay advierte riesgo en el abastecimiento
El sector fluvial denuncia que el cierre del punto de alije en el Paraná pone en jaque la logística de carburantes y encarece los costos del transporte.

La reciente decisión del gobierno argentino de suspender las operaciones de transbordo de combustibles en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú encendió las alarmas en Paraguay, donde autoridades y gremios del sector fluvial advirtieron sobre posibles impactos severos en el abastecimiento energético del país. Aunque se propusieron diez terminales portuarias como alternativas, los armadores paraguayos consideran que el cambio forzado amenaza con encarecer costos, provocar demoras operativas y, en última instancia, afectar directamente al consumidor.

La medida fue comunicada por la Dirección General de Aduanas (DGA) de Argentina tras constatar que el punto utilizado desde hace más de tres décadas por embarcaciones paraguayas no figura como puerto habilitado conforme a la Ley 24.093. Se trata de un enclave estratégico en la logística energética del país mediterráneo, donde se realiza el alije, la transferencia de combustibles desde buques oceánicos a barcazas fluviales, en tránsito hacia Paraguay. La decisión sorprendió a los operadores del sector, que ven en esta interrupción una ruptura de una práctica segura, consolidada y fundamental para mantener fluido el suministro de hidrocarburos.

Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), aseguraron que la medida se adoptó sin consulta previa ni evaluación de impacto. En un comunicado, señalaron que la interrupción de las operaciones en el km 171 pone en riesgo la continuidad del suministro de combustibles, con implicancias directas en la economía del país. “El abastecimiento de combustibles del Paraguay no puede quedar rehén de decisiones unilaterales que afectan el interés público regional”, sostuvieron con firmeza.

El gremio armador detalló una serie de consecuencias logísticas derivadas del traslado forzoso a nuevas terminales: estiman un aumento de hasta el 70 % en los costos del transporte fluvial, demoras superiores a los ocho días en la reposición de productos, riesgos de congestión en las terminales alternativas, mayores probabilidades de incidentes operativos, impactos ambientales y, sobre todo, una presión adicional sobre los precios que pagan los consumidores finales.

Del lado argentino, el especialista Juan Carlos Donato defendió la resolución al afirmar que busca regularizar una situación que arrastra décadas sin marco legal claro. “Durante años se operó en un punto sin habilitación portuaria. La Argentina no busca dañar a Paraguay, sino cumplir su normativa y ofrecer soluciones técnicas viables para mantener el suministro energético”, explicó. En ese sentido, mencionó que se ofrecieron diez puertos habilitados como Zárate, Campana, Arroyo Seco, San Lorenzo y Puerto General San Martín, que podrían absorber sin inconvenientes las operaciones de alije que se venían realizando en el kilómetro 171.

Donato recordó además que entre 2012 y 2015, en el marco de la Comisión Binacional de Navegación y Puertos, ya se había planteado la necesidad de relocalizar las operaciones por motivos de seguridad y medioambiente, y que Paraguay había mostrado apertura para discutir alternativas.

No obstante, la respuesta paraguaya no se hizo esperar. Más allá de las explicaciones técnicas o legales, desde Cafym insisten en que una modificación tan profunda en el circuito de abastecimiento debería haberse canalizado mediante negociaciones binacionales y no mediante resoluciones administrativas. La incertidumbre actual, remarcan, afecta a toda la cadena energética paraguaya, desde los operadores logísticos hasta los usuarios finales.

 

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