Las gasolineras y gaseras mexicanas ingresarán en una nueva etapa de fiscalización ambiental. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicó el acuerdo que establece los programas y procedimientos del Programa de Ordenamiento Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo.

En diálogo con Surtidores Latam, Alicia Zazueta Payán, CEO de Eservices, sostuvo que la iniciativa representa un punto de inflexión en la forma en que la autoridad dará seguimiento al cumplimiento ambiental del sector hidrocarburos. Con vigencia entre 2026 y 2030, el programa plantea una revisión nacional y calendarizada de la situación regulatoria de miles de establecimientos.

De acuerdo con la propia ASEA, aproximadamente el 60% de los establecimientos registrados en el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas (RENAGAS) presenta irregularidades vinculadas con sus autorizaciones de impacto ambiental.

La dimensión del programa permite anticipar su alcance. Entre agosto de 2026 y 2028 se realizaron 7.960 inspecciones y supervisiones, distribuidas según la situación administrativa de cada establecimiento.

El PRONAGAS no establece una única vía para todos los operadores. La autoridad definió tres supuestos regulatorios, cada uno con un procedimiento y un calendario específico.

El primer grupo está integrado por los establecimientos sin autorización ambiental vigente. Para ellos, la ASEA programó 4.310 inspecciones técnicas a nivel nacional entre agosto de 2026 y mayo de 2028.

El calendario comenzará en Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas. Posteriormente, las visitas avanzarán por San Luis Potosí, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Baja California.

Durante 2027, la revisión alcanzará a Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Puebla. La última fase incluirá Coahuila, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán, antes de finalizar en Veracruz en mayo de 2028.

El segundo grupo reúne a los establecimientos que sí cuentan con una autorización vigente. En estos casos, el trámite se desarrollará bajo un esquema de supervisión y los responsables deberán acudir a la ventanilla de la ASEA en Ciudad de México para presentar la documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones.

Este segmento contempla 3.650 supervisiones entre agosto de 2026 y enero de 2028. El recorrido comenzará con Ciudad de México, Querétaro y Aguascalientes y continuará por las distintas entidades previstas en la agenda oficial.

El tercer supuesto corresponde a los establecimientos que poseen un permiso vigente emitido por otra autoridad y que no han realizado modificaciones posteriores. Para ellos, el ordenamiento se llevará adelante mediante un trámite de evaluación de impacto ambiental.

Esta agenda se extenderá de agosto de 2026 a abril de 2028, con un inicio previsto en Puebla, Jalisco y Veracruz y una conclusión en Chihuahua, Zacatecas y Nayarit.

Según el análisis de Zazueta Payán, uno de los primeros pasos para las personas reguladas será identificar correctamente el supuesto que corresponde a cada establecimiento. Esa clasificación determinará el trámite aplicable, la documentación necesaria y la interacción que deberá mantener con la autoridad ambiental.

Por este motivo, la especialista recomendó consultar la plataforma oficial de PRONAGAS, verificar la agenda correspondiente a cada entidad federativa y anticipar la documentación técnica requerida.

La preparación previa será especialmente relevante para los operadores que deban afrontar una inspección. La revisión de permisos, antecedentes y expedientes permitirá identificar posibles inconsistencias antes de la intervención de la autoridad.

Para quienes ya cuentan con autorizaciones vigentes, la presentación ordenada de la documentación será fundamental para acreditar su situación. En tanto, los establecimientos que poseen permisos emitidos por otra autoridad deberán encaminarse por la vía de evaluación de impacto ambiental prevista en el programa.

El PRONAGAS establece así un esquema nacional y calendarizado para abordar las irregularidades ambientales detectadas en una parte significativa del universo registrado. La diferenciación de procedimientos busca que cada establecimiento sea atendido según su situación administrativa.