La decisión del Gobierno peruano de declarar en emergencia el mercado de combustibles no solo busca contener el impacto del alza de precios sobre los consumidores, sino también responder a una situación que ya comienza a afectar directamente a las estaciones de servicio. Según explicó el viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama, los gremios de Grifos trasladaron al Ejecutivo su preocupación por la disminución en las ventas registrada en las últimas semanas como consecuencia del encarecimiento de los combustibles.

Durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, el funcionario confirmó que la Presidencia del Consejo de Ministros publicará en los próximos días un decreto supremo que declarará en emergencia el mercado de comercialización de combustibles a nivel nacional. La medida apunta a garantizar el abastecimiento energético y evitar problemas vinculados a la especulación y el acaparamiento.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte volatilidad internacional. Perú mantiene una elevada dependencia de combustibles importados y la baja producción nacional limita la capacidad de amortiguar las variaciones externas. Esto impacta tanto en los precios mayoristas como en el valor final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

Entre los productos que serían considerados bienes esenciales dentro del decreto figuran el diésel B5, las gasolinas regular y premium, los gasoholes y el GLP. Se trata de combustibles estratégicos para el transporte de carga, la movilidad urbana y el abastecimiento doméstico, especialmente en regiones donde el gas licuado de petróleo mantiene una alta participación en los hogares y el parque automotor.

Para el sector minorista, el principal problema es la retracción de la demanda. El incremento de precios genera un menor consumo por parte de conductores particulares, transportistas y usuarios de flotas comerciales. Cabe mencionar que esta caída en el volumen comercializado afecta directamente los ingresos de las Estaciones de Servicio, que deben sostener costos operativos elevados vinculados a personal, energía, logística y mantenimiento.

Además, los empresarios observan con atención las posibles medidas complementarias que podría incluir el decreto. Hasta el momento, el Ejecutivo no precisó si habrá beneficios tributarios, mecanismos temporales de estabilización o facilidades para asegurar abastecimiento. La expectativa del sector está puesta en iniciativas que permitan reducir la presión financiera sobre toda la cadena de comercialización.

Otro aspecto relevante es la participación de entidades como OSINERGMIN e INDECOPI, organismos que estarán involucrados en la aplicación y supervisión de las medidas oficiales. 

En este escenario, las Estaciones de Servicio enfrentan un panorama marcado por menores ventas, presión sobre los márgenes y alta incertidumbre sobre la evolución de los precios internacionales. La emergencia anunciada por el Gobierno aparece como una respuesta inmediata a la coyuntura, aunque el sector continúa esperando medidas concretas que otorguen mayor previsibilidad y sostén operativo a los operadores minoristas.