La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del INDECOPI anunció hace algunas horas el inicio de un procedimiento de examen, conocido como sunset review, para determinar si corresponde mantener las sobretasas aplicadas a las importaciones de biodiésel puro (B100) provenientes de Argentina.

Cabe recordar que estas medidas compensatorias fueron impuestas en 2016, luego de comprobarse que el biodiésel argentino ingresaba al Perú con subsidios estatales que distorsionaba los precios y afectaba a la producción nacional. Posteriormente, en 2021, se renovaron por cinco años más, pero ahora la Comisión debe evaluar si siguen siendo necesarias para proteger a la industria local.

El pedido para iniciar este procedimiento fue presentado por las compañías peruanas Heaven Petroleum Operators S.A. y Axxion Green Energy S.A. Ambas sostienen que, en caso de levantarse las sobretasas, el mercado peruano podría enfrentar nuevamente una oleada de importaciones subsidiadas desde Argentina, lo que comprometería la estabilidad económica de los productores locales.

De acuerdo con el análisis preliminar del INDECOPI, persisten indicios de que en Argentina se mantiene un esquema de intervención estatal en la industria del biodiésel. 

De acuerdo a este modelo, las productoras venden el producto a precios fijados por el propio gobierno, lo que les genera ventajas económicas frente a competidores externos.

El informe también advirtió que la producción nacional se encuentra en una situación de vulnerabilidad. En los últimos años, las empresas peruanas registraron caídas en producción, ventas, participación de mercado y rentabilidad, factores que podrían agudizarse si las importaciones subsidiadas retoman fuerza en el mercado local.

Por esta razón, mediante la Resolución N° 133-2025/CDB-INDECOPI, la Comisión dispuso que los derechos compensatorios sobre el biodiésel argentino se mantengan vigentes de manera provisional, mientras se desarrolla la investigación. La medida busca evitar un daño inmediato a la industria nacional.

El proceso de examen contempla la recopilación de información de productores locales, importadores y representantes del sector argentino, con el fin de establecer si las condiciones que motivaron la imposición de los derechos aún persisten o si corresponde levantar las restricciones.