El crimen organizado no solo perfora ductos de Petróleos Mexicanos, sino que también adultera combustibles con etanol y los distribuye a través de una red paralela que supera a la formal. Según estimaciones de la petrolera estatal, el mercado ilegal equivale ya al 20 % del consumo nacional de gasolina y diésel.

Entre enero y septiembre de 2025, Pemex reportó pérdidas por más de 20 mil millones de pesos derivadas del robo de combustibles, un aumento del 35 % respecto al año anterior. Solo en los primeros siete meses del año se detectaron 5.400 tomas clandestinas, con epicentro en Hidalgo, Jalisco, Guanajuato y Tamaulipas, donde las perforaciones ocurren casi una vez por hora.

En paralelo, esta nueva modalidad incorporó el huachicol fiscal, que consiste en importar combustibles bajo fracciones arancelarias distintas para evadir impuestos, y del adulterado, con mezclas que superan los límites legales de etanol. En promedio, un auto soporta 15 % de etanol, pero muchos consumidores compran mezclas de hasta 50 %.

“El problema es que el combustible adulterado cumple con los papeles y parámetros técnicos, pero está alterado. Hemos encontrado irregularidades en hasta 35 % de las muestras”, explicó Andrés Gutiérrez Torres, director del laboratorio Ciefsa, que realiza más de 2.500 inspecciones anuales. “Algunos gasolineros sí lo saben, otros prefieren no hacer pruebas adicionales. Pero cuando el producto falla, el consumidor termina pagando las consecuencias”, relató

Frente a un mercado que supera a la red formal, los expertos insisten en la importancia de abastecerse únicamente en Estaciones de Servicio certificadas, que cumplen con la normativa NOM 016 y con controles de calidad estrictos. Según Roberto Díaz de León, expresidente de ONEXPO Nacional, estas gasolineras no solo garantizan la calidad del combustible, sino que también protegen al consumidor de daños mecánicos y contribuyen a frenar el impacto económico del huachicol sobre el sector formal.

“Cinco de cada 10 empresarios del ramo consideran que la comercialización de combustibles ilegales es un riesgo serio para el usuario”, señaló Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence a Surtidores Latam. 

El impacto económico es claro: los decomisos de 33 millones de litros entre marzo y julio representan apenas el 5,5 % de lo que circula ilegalmente cada mes, advierten expertos. Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, afirmó que la empresa trabaja coordinadamente con Sedena, Marina y gobiernos estatales, pero reconoció que la vigilancia es insuficiente ante la magnitud del territorio y la sofisticación de la red criminal.

Más allá del daño mecánico o financiero, el fenómeno empieza a generar un costo intangible: la pérdida de confianza del consumidor. “Cada vez más automovilistas desconfían de la calidad de la gasolina, incluso en estaciones legales”, explicó Gutiérrez Torres.