La necesidad de construir una política pública que contemple a toda la cadena de distribución de combustibles líquidos fue uno de los principales planteamientos de Colombia durante el Panel de Gremios Internacionales de la Cumbre de Estaciones de Servicio Caribe 2026, realizado este martes 3 de noviembre en el Hotel Jaragua de Santo Domingo, República Dominicana. En representación de SOMOS UNO, David Jiménez Mejía expuso ante referentes del sector los cambios que considera necesarios para mejorar las condiciones de operación de las estaciones de servicio.
El panel contó también con la participación de FECRA, de Argentina; ANADEGAS y la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados, de República Dominicana. El encuentro permitió intercambiar perspectivas sobre los desafíos regulatorios y comerciales que enfrentan los empresarios minoristas en distintos mercados, con especial atención al vínculo entre las decisiones de los gobiernos y la sostenibilidad económica de las estaciones.
Al responder sobre la agenda del gremio ante las autoridades colombianas, Jiménez Mejía fue contundente: “Colombia necesita una política pública de distribución de combustibles líquidos. Tenemos política de precios, pero falta una política que piense la cadena completa y el lugar de cada eslabón”. Según explicó, SOMOS UNO presentó esta propuesta en septiembre ante la ministra de Minas y Energía, acompañada por el pedido de establecer una mesa de trabajo permanente con el Ministerio, la Dirección de Hidrocarburos y la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la necesidad de reconocer la función específica del empresario minorista dentro del mercado. “El estacionero no es petrolero ni es mayorista. Somos comerciantes, los tenderos del combustible, con algo que ningún otro eslabón tiene: estamos donde el consumidor final llena su tanque”, sostuvo. Para el vocero, esa cercanía con el usuario representa tanto una ventaja comercial como una responsabilidad que debería tenerse en cuenta al momento de diseñar las regulaciones.
En materia de precios y márgenes, el representante de SOMOS UNO cuestionó el esquema actual, especialmente por sus efectos sobre las estaciones de menor volumen. Explicó que la libertad regulada establece un margen máximo que, en su opinión, no refleja adecuadamente los costos que deben afrontar estos establecimientos. Frente a ello, propuso avanzar hacia un único régimen de libertad vigilada, con el argumento de que permitiría generar mejores condiciones para la inversión y el desarrollo de la actividad.
En ese sentido, también se refirió al proyecto puesto en consulta por la CREG para adoptar un precio base transitorio, iniciativa que valoró como un avance dentro de la discusión regulatoria. Sin embargo, advirtió que la revisión no debería limitarse a los componentes económicos. Sobre los requisitos técnicos, planteó que las exigencias de seguridad y calidad deben aplicarse con criterios de proporcionalidad, ya que “un requisito idéntico produce efectos desiguales” cuando las Estaciones tienen distintas dimensiones, capacidades operativas y condiciones de mercado.
Otro de los reclamos estuvo vinculado con los tiempos administrativos y las condiciones de comercialización. Jiménez Mejía pidió que los trámites puedan resolverse en días y no en meses, además de establecer reglas claras para las zonas de frontera, donde las particularidades del abastecimiento y la comercialización requieren disposiciones específicas. Para el dirigente, reducir las demoras y dar previsibilidad a los procedimientos también forma parte de las condiciones necesarias para que los empresarios puedan sostener sus operaciones y planificar inversiones.
Como planteamiento de fondo, el vocero insistió en la importancia de preservar un crecimiento orgánico y ordenado de la cadena de distribución, evitando que las decisiones regulatorias desconozcan las funciones de cada participante. “Cada país encontrará su modelo. En Colombia, la tarea es que el eslabón que está frente al consumidor tenga reglas pensadas para él”, afirmó. Su intervención llevó al debate regional una discusión que atraviesa a los mercados latinoamericanos: cómo establecer regulaciones que garanticen la seguridad y el abastecimiento sin perder de vista la estructura de costos y la viabilidad económica de las estaciones de servicio.
