Como sucederá en todos los sectores de la economía, en las Estaciones de Servicio habrá una desregulación en donde la petrolera podrá competir con el operador además de ser su proveedor. Este cambio significativo deja sin efecto, entre otras medidas, la restricción que tenían hasta ahora las compañías para gestionar directamente un porcentaje superior al 40 por ciento del total de la red que comercializan las marcas que sean de su propiedad.

Otra de las cuestiones salientes, es que el Poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en cualquiera de las etapas de producción, lo que significa que no habrá controles por parte del Estado en los valores de venta de combustibles.

“Ya no existirá limitación en la participación del mercado. Incluso no descarto que el sector analice en el mediano plazo nuevas formas de comercialización en donde los precios sugeridos, sean verdaderamente `sugeridos´, quedando liberados los estacioneros de poder competir con precio y servicio”, apunta el abogado especialista en combustibles, Francisco Berdaguer.

El concepto es usual en la mayoría de los países del mundo. Un caso emblemático es México, donde hasta hace pocos años atrás existían prácticamente precios únicos para los combustibles al ser estos fijados por el gobierno. El 30 de noviembre de 2017 culminó un proceso gradual por regiones que significó la completa liberalización, observándose diferencias en los valores de las naftas y el gasoil que ofrecen distintas Estaciones de Servicio, reflejando factores de demanda, de oferta y de la estructura del mercado.

Berdaguer sostiene al respecto que de igual manera, se está pensando en un nuevo marco legal en materia de Defensa de la Competencia, “en el cual el rol del Estado pase a ser un agente controlador que evite abusos o prácticas desleales”, afirma.

Otros de los puntos que deroga el decreto es el de los plazos máximos fijados para los contratos de abastecimiento, de 8 años, para el caso de un nuevo establecimiento y de 5 años, para el caso de celebración, renovación o prórroga de contratos con estaciones existentes.

En este sentido, el letrado opinó: “no creo que esto genere ruido ni cambios abruptos porque en realidad el contexto indica que a las petroleras les interesa tener contratos largos para asegurarse al operador, y principalmente para tener tiempo de amortizar las inversiones que hacen ambas partes cuando montan el negocio”, subraya en diálogo con surtidores.com.ar.

“De allí que firman por lo general plazos de 5 años con renovación automática de 5 años más. Y si no renuevan, la petrolera le pide al estacionero que le devuelva la inversión”, concluye Berdaguer.