El gremio de distribuidores minoristas de combustibles en Colombia encendió las alarmas frente al proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía que propone una nueva metodología para calcular el precio interno del diésel. La iniciativa, que aplicaría para vehículos de servicio particular, diplomático y oficiales, será analizada “de manera detenida y rigurosa”, según advirtió el sector.

La posición fue expuesta por David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, organización que agrupa a COMCE Colombia y Fendipetróleo Nacional. Desde allí, compartieron a Surtidores LATAM que, si bien el objetivo del Gobierno apunta a ajustar el esquema de subsidios, la propuesta presenta desafíos operativos de gran magnitud que podrían impactar directamente en la red de estaciones de servicio.

Uno de los principales cuestionamientos del gremio radica en la falta de un mecanismo efectivo para diferenciar precios según el tipo de consumidor. Aunque a inicios de año se publicó un decreto que contemplaba esta segmentación, hasta el momento no ha sido reglamentado, lo que impide su implementación en los surtidores.

En ese sentido, las estaciones de servicio continúan operando con un precio único de venta al público, sin distinción entre tipos de vehículos. “Es muy costoso y complejo implementar un sistema que permita diferenciar precios por consumidor final”, advirtieron desde el gremio, al tiempo que insistieron en la necesidad de evaluar alternativas más eficientes para focalizar los subsidios.

De acuerdo con la organización, existen mecanismos menos onerosos y más viables que podrían evitar que el Estado continúe otorgando subsidios en segmentos específicos, sin trasladar esa carga operativa a las estaciones de servicio. Esta discusión, señalan, resulta clave en el contexto actual de ajuste fiscal y revisión de los apoyos al combustible.

El segundo punto crítico identificado por el sector tiene que ver con la periodicidad de actualización de los precios. El proyecto plantea que el valor del diésel se ajuste cada siete días, en función de la variación del precio internacional, en contraste con el esquema vigente que contempla revisiones mensuales basadas en promedios de los últimos 30 días.

Para el gremio, este cambio implicaría un desafío operativo. La actualización semanal de precios obligaría a las estaciones de servicio y a toda la cadena de distribución a adaptarse constantemente a las fluctuaciones internacionales, afectando la gestión de inventarios y la estabilidad del mercado interno.

Actualmente, el modelo de ajustes mensuales permite amortiguar el impacto de la volatilidad externa sobre la economía local. Sin embargo, con una frecuencia semanal, advierten, se trasladaría de forma más directa esa variabilidad a los consumidores, generando mayor incertidumbre en los precios.

Finalmente, desde Somos Uno subrayaron que estos dos aspectos, la falta de un mecanismo de diferenciación y la alta frecuencia de ajustes, constituyen “líneas rojas” que el Gobierno debe revisar cuidadosamente. El gremio alertó que, de no corregirse, la nueva política podría comprometer la sostenibilidad de la red de distribución y, en consecuencia, la prestación del servicio público de abastecimiento de combustibles en todo el país.