Algunos cambios fueron anunciados en campaña electoral y otros una vez asumido el Gobierno, pero lo cierto es que las transformaciones en el sector de los combustibles ya han comenzado a procesarse en diversas áreas.

En este escenario, la URSEA juega un papel preponderante por ser el órgano regulador, con un gran poder de decisión desde que la LUC la transformó en un servicio descentralizado, con independencia técnica y financiera.

En Richard Charamelo, quien se desempeñara como director de ANCAP en representación del Gobierno durante el período anterior, recayó ahora la responsabilidad de integrar el nuevo directorio de URSEA en representación de la Coalición Republicana, cuya óptica resulta de sumo interés para el sector de los estacioneros, en virtud de su experiencia en la materia. El director del organismo recibió a Surtidores en una extensa entrevista en la que abordó todos los temas en vigencia.

¿Desde su punto de vista, la metodología del PPI es un elemento válido a la hora de fijar el precio de los combustibles?

Creo que es un elemento vital porque lo que marca es un competidor virtual. Es decir, lo que le costaría a un privado, a un tercero, hacer lo mismo que hace ANCAP: desde que se compra el petróleo, se refina y luego salen los combustibles desde La Tablada. Todo eso conlleva costos, y ANCAP, con ese PPI, con ese competidor virtual, lo que hace es tratar de estar a la altura y ser competitivo. Creo que es un elemento que vino para quedarse, sobre todo en una empresa monopólica como ANCAP. Así que cada día está más vigente, y lo ratifico.

¿Qué opina de la apertura de nuevas estaciones?

La veo como algo muy positivo. Aunque también tiene que haber una regulación para que estén controladas, que tengan una hoja de ruta y que operen estaciones o sellos que puedan cumplir un factor social, como lo hace ANCAP, en lugares donde económicamente no son tan viables pero donde se necesita para que la sociedad pueda tener acceso a los combustibles al mismo precio que en la capital. En resumen, hay margen para abrir nuevas estaciones, para tener una competencia ordenada como la que tenemos hoy y para que el mercado funcione correctamente en todo el país.

Con respecto al cambio de sello al final del contrato del operador, ¿cuál es su opinión?

Este es un tema que, creo, más tarde o más temprano hay que abordar. Hoy no están dadas las condiciones. Tenemos un negocio de venta de combustible arreglado con los camioneros, con los sellos, con los estacioneros, con los márgenes; en fin, es un tema poco fácil de aplicar. Pero creo que, de a poco, hay que darle libertad al usuario para elegir la estación y, obviamente, al que invierte en ella. Me parece que ese no es un tema prioritario en este momento.

Teniendo en cuenta que en Uruguay llegaron a operar cuatro sellos simultáneamente, ¿por qué hay tanta burocracia, consultas y análisis para autorizar un cuarto en el país?

La burocracia es lógica en un negocio donde hay reglas para todos los actores involucrados, donde los márgenes están fijados y donde la participación de cada uno en la cadena de combustibles está determinada. Por lo tanto, hoy no hay una libertad absoluta para poner una estación donde se quiera o abrir un nuevo sello. Hay una regla, y eso lleva un estudio, un análisis, que creo que en esta situación es correcto.

¿Qué cambios entiende que deben procesarse en URSEA bajo la égida del nuevo Grupo Intersectorial?

Esa es una pregunta para el Gobierno. Creo que primero vamos a ver si se consolida todo lo que se venía haciendo desde 2020 hasta ahora, por la administración anterior. Luego veremos cuál será el rumbo de este grupo de trabajo que generó esta nueva administración. Habrá que esperar a ver qué sale y si realmente hay cosas para corregir o mejorar. Una vez que sepamos lo que marcó el MIEM para este grupo de trabajo, en ese momento daremos nuestro punto de vista.

¿Comparte la justificación del Decreto 34/2025, que habla de que la incertidumbre fue una de las características de la URSEA entre 2020 y 2025?

Para mí no se trató de una “incertidumbre”; lo que sí hubo fue un cambio. Fíjese que, en los diez años anteriores a 2023, se había otorgado solamente una boca, que fue CAR ONE, y en 18 meses se otorgaron un montón, porque hubo un cambio de reglamentación que permitió abrir nuevas estaciones, traslados y demás. Obviamente eso generó, en un mercado arreglado como el que vengo mencionando, cierta incertidumbre. Pero las reglas estaban claras y, por lo que tengo entendido, fueron conformes a derecho. Cuando hay un cambio en algo que se viene trabajando históricamente, eso genera cierta incertidumbre, pero no es más que eso.

¿Qué opina de los establecimientos de venta clandestina de combustible en las fronteras?

No hay dos caminos: si hay establecimientos clandestinos, hay que denunciarlos. Cuando hay denuncias, se fiscaliza, se multa y, en algunos casos, pueden terminar en la justicia, como ha pasado. En este sentido, el Gobierno tomó una medida que creo que es digna y le hace bien a la frontera: bajar el tema impositivo del IMESI para estar más competitivos. Creo que cuando de este lado estamos a precios razonables, lo clandestino no funciona.