Durante la audiencia pública mixta convocada por la Comisión Cuarta del Senado de la República para debatir el proyecto de reforma laboral, desde la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE) y la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) elevaron una voz de alerta sobre los efectos que tendría el nuevo marco normativo en la sostenibilidad del empleo formal dentro de su sector.

El presidente ejecutivo de COMCE, David Jiménez Mejía, intervino en representación de las más de 6400 Estaciones de Servicio en operación en el país. Acompañado del respaldo institucional del presidente de la Junta Directiva de Fendipetróleo, Raúl Fragozo Daza, ambos gremios expusieron la gravedad de un posible aumento desproporcionado en los costos laborales, que pondría en riesgo el sustento de cerca de 50.000 trabajadores formales actualmente vinculados al sector.

Según las cifras compartidas, tres de cada cuatro gasolineras están ubicadas fuera de las principales ciudades, muchas en zonas intermedias y rurales. Además, casi la mitad de estas empresas son microempresas, con menos de diez trabajadores, lo que las hace especialmente vulnerables a cambios normativos que encarezcan la operación diaria.

El punto más crítico señalado por los voceros gremiales es que la reforma, lejos de incentivar la generación de empleo, terminaría promoviendo procesos de automatización, como el autoservicio, que ya ha comenzado a implementarse en algunas regiones. Esto, explicaron, podría derivar en la reducción de puestos de trabajo en un sector históricamente generador de empleo directo.

Entre las propuestas presentadas al Congreso, los gremios pidieron que se incluya expresamente al sector de Estaciones de Servicio dentro de las excepciones al límite del trabajo suplementario, argumentando que, al operar 24/7, deben tener el mismo tratamiento que sectores como el de vigilancia. Esta medida permitiría mantener los turnos extendidos sin restricciones que afectarían la prestación continua de este servicio público esencial.

COMCE y Fendipetróleo también solicitaron que se fije un término perentorio para las respuestas por parte de las inspecciones de trabajo en casos de estabilidad laboral reforzada, y que se ajuste el plazo de defensa en los procesos disciplinarios para que no supere los cinco días, especialmente en casos de flagrancia o faltas graves, lo cual ayudaría a reducir costos derivados de demoras innecesarias.

Asimismo, los gremios pidieron una aplicación gradual y diferenciada de los nuevos recargos nocturnos, remuneración de días de descanso obligatorio y licencias remuneradas. En su opinión, imponer estos cambios sin escalonamiento afectará seriamente la competitividad de las estaciones, en especial en regiones donde ya enfrentan dificultades para operar de manera formal.

Finalmente, reiteraron que el verdadero desafío del mercado laboral colombiano es la informalidad. Señalaron que seis de cada diez empleos creados en el país no cuentan con protección legal ni seguridad social, por lo cual una reforma efectiva debe priorizar la flexibilidad y reducir la carga de los costos laborales para las pequeñas empresas. En esa línea indicaron que solo así será posible avanzar hacia una mayor formalización del empleo, especialmente en los territorios más apartados.