La seguridad y el cumplimiento ambiental se han convertido en obligaciones ineludibles para las estaciones de servicio mexicanas. Sin embargo, especialistas del sector advierten que una cantidad importante de establecimientos todavía mantiene retrasos en distintas etapas del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente, requisito exigido por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

México cuenta con más de 14.000 estaciones con permiso vigente para la venta al público de gasolinas y diésel, uno de los mercados más grandes de América Latina. No obstante, para numerosos operadores la regularización continúa siendo una asignatura pendiente.

De acuerdo expreso a Surtidores Latam con Gustavo Hernández, director general de Metroenergy, los problemas no necesariamente aparecen al inicio del proceso, sino durante las fases posteriores.

“En muchos casos, los regulados cuentan con sistemas conformados, pero no registrados ni autorizados; en otros, obtienen la autorización inicial, pero dejan de presentar informes, auditorías o evidencias de implementación”, explicó.

El SASISOPA surgió tras la Reforma Energética y la creación de la ASEA, organismo encargado de supervisar la seguridad industrial y la protección ambiental dentro de la cadena de hidrocarburos. Desde entonces, todas las estaciones destinadas al almacenamiento y expendio de gasolinas y diésel deben conformar, registrar, obtener autorización e implementar su sistema, además de demostrar periódicamente su funcionamiento mediante informes y evaluaciones.

Según los especialistas, existen diversos factores que explican las demoras. Entre ellos sobresalen el desconocimiento de las obligaciones, la falta de seguimiento administrativo, los cambios en el personal responsable y la ausencia de programas internos que permitan mantener la continuidad de las tareas.

Desde Metroenergy identifican siete etapas fundamentales para asegurar un cumplimiento adecuado. El procedimiento comienza con la integración de la documentación y continúa con la dictaminación por parte de un tercero autorizado. Posteriormente se realiza el registro ante la autoridad, se obtiene la aprobación oficial y se pone en marcha el sistema. A ello se suman las auditorías internas anuales y las revisiones externas cada dos años, necesarias para demostrar la continuidad y eficacia de las acciones implementadas.

Más allá de los aspectos administrativos, el incumplimiento puede traer consecuencias de mayor alcance. Las fallas en el sistema incrementan los riesgos de accidentes, incendios, derrames y daños ambientales, además de exponer a los permisionarios a procedimientos regulatorios y medidas correctivas.

“Las sanciones económicas pueden representar montos significativos dependiendo de la naturaleza de la infracción, la reincidencia y el riesgo generado”, señalaron desde la firma especializada.

Asimismo, la falta de seguimiento puede afectar la reputación de las empresas, dificultar futuros trámites ante las autoridades y generar pérdidas derivadas de interrupciones en las operaciones.

Pese a ello, los expertos consideran que aún es posible corregir gran parte de los atrasos. Incluso aquellos establecimientos que interrumpieron el proceso hace meses o años pueden retomarlo desde la etapa en la que se encuentran y avanzar gradualmente hacia la regularización.

“El SASISOPA no debe verse únicamente como una obligación regulatoria, sino como una herramienta estratégica para operar de forma segura, proteger al personal y preservar el medio ambiente. Lo más importante es comenzar o retomar el proceso, independientemente del paso en el que se encuentre cada estación”, sostuvo Hernández.

El directivo remarcó que, con acompañamiento técnico y una planificación adecuada, cualquier estación puede alcanzar la conformidad requerida y mantenerla en el tiempo, fortaleciendo tanto la seguridad de las instalaciones como la sostenibilidad del negocio.