Desde la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos, han dado a conocer a Surtidores Latam una noticia que ha sacudido el ámbito político y energético del país. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha enviado un paquete de iniciativas a la Cámara de Diputados para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y varias leyes relacionadas.

Una de las propuestas más controversiales incluidas en este paquete de reformas es la iniciativa de «simplificación orgánica» en el sector energético. Esto busca devolver las atribuciones de los Organismos Constitucionales Autónomos y Órganos Reguladores Coordinados en materia energética a las dependencias gubernamentales que originalmente las tenían.

En términos concretos, se plantea la transferencia de diversas entidades a diferentes dependencias del gobierno. En principio la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) pasaría a la Secretaría de Economía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sería transferido a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sería integrado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se distribuiría entre varias entidades gubernamentales.

En cuanto a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) serían transferidas a la Secretaría de Energía y por último, Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación pasaría a la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, esta propuesta no ha sido bien recibida por el sector gasolinero, ya que varios especialistas y asociaciones han expresado su preocupación, argumentando que la eliminación de los órganos autónomos podría poner en riesgo el avance energético del país y el derecho de los consumidores a un servicio de calidad, equitativo y accesible.

«Estos entes regulatorios son fundamentales para garantizar un desarrollo económico, social equitativo y sostenible. Su eliminación sería un grave error que tendría consecuencias negativas para el país«, advirtió Alicia Zazueta, Presidenta de AMPES.

Asimismo, desde la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos aclararon que una iniciativa de esta magnitud, que implica modificar la Constitución, requiere de una mayoría calificada para su autorización en la Cámara de Diputados. La misma exige un porcentaje de votación correspondiente a las dos terceras partes del número total de votos, lo que sugiere que la discusión en torno a estas propuestas será intensa y polarizada.