La venta de gasoil por fuera de los canales autorizados volvió a encender alarmas entre empresarios del expendio minorista. Durante las últimas semanas, la Federación de Entidades de Combustibles reunió presentaciones acompañadas por videos, fotografías y documentación técnica que describen presuntas maniobras irregulares en distintos puntos del país.

Los casos involucran establecimientos de abastecimiento rural y playas de carga emplazadas sobre rutas nacionales y provinciales de Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Junín y varias localidades del sur de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a los denunciantes, en esos predios se estaría suministrando combustible a camiones y unidades de transporte que no formarían parte de las actividades autorizadas para ese tipo de instalaciones.

La inquietud creció entre los empresarios luego de que operadores de distintas regiones comenzaran a advertir una caída en los volúmenes comercializados, especialmente en localidades donde estos puntos funcionan a pocos metros de Estaciones de Servicio habilitadas. “El problema ya dejó de ser aislado. Hay corredores donde aparecen estructuras de despacho que operan prácticamente como surtidores convencionales, pero sin cumplir las exigencias que afronta el sector formal”, señalaron expendedores consultados por Surtidores.

La documentación reunida por la FEC incluye registros audiovisuales donde se observan cargas efectuadas directamente desde mangueras conectadas a tanques de almacenamiento internos hacia vehículos de transporte de terceros.

El abogado de la entidad, Fabián Alejandro Tobalo, aportó a este medio información vinculada a la Resolución 1102/2004 de la Secretaría de Energía, normativa que delimita el uso de los sistemas de abastecimiento para consumo propio. Según detalló el letrado, las instalaciones habilitadas bajo esa modalidad pueden ser utilizadas exclusivamente para cubrir necesidades operativas del titular registrado, sin posibilidad de comercializar combustibles hacia consumidores ajenos a la explotación.

“Quienes tienen autorizado el sistema de gasoil directo pueden utilizarlo para sus propios vehículos, maquinaria y necesidades operativas, pero no venderle a terceros”, sostuvo Tobalo, al remarcar que el régimen contempla depósitos y mecanismos destinados al autoconsumo agropecuario o empresarial, pero prohíbe transformarlos en bocas de expendio abiertas al público.

La preocupación empresaria no es nueva. Años atrás, la FEC había impulsado distintas presentaciones ante la Secretaría de Energía por maniobras similares vinculadas con reventa clandestina de naftas y gasoil. En aquel momento, técnicos del organismo nacional trabajaron junto a representantes de la entidad en investigaciones que derivaron en clausuras y cierres de instalaciones que no cumplían requisitos mínimos de seguridad e higiene.

El presidente de la federación, Juan Carlos Basílico, declaró a Surtidores que este tipo de actividades representan una amenaza no solamente económica, sino también ambiental y sanitaria. “La población corre riesgos cuando se manipulan hidrocarburos sin controles adecuados y por fuera de las condiciones que exige la normativa”, sostuvo el dirigente, al tiempo que reclamó mayores inspecciones y acciones coordinadas entre Nación, provincias y municipios para frenar estas operatorias.

Dentro del sector también existe preocupación por la disparidad de costos entre el circuito registrado y las estructuras informales. Mientras las Estaciones de Servicio deben afrontar cargas impositivas, auditorías ambientales, inspecciones técnicas, seguros, protocolos operativos y personal encuadrado bajo convenio colectivo, las maniobras clandestinas quedan al margen de esas obligaciones. “Las diferencias no pasan solamente por el precio del combustible. El tema central son las condiciones bajo las cuales trabaja cada uno”, resumió un operador bonaerense.

Los estacioneros sostienen que los municipios poseen facultades suficientes para intervenir, ya que son los encargados de otorgar habilitaciones comerciales y controlar actividades dentro de cada jurisdicción. “Muchos gobiernos locales desconocen el alcance de sus atribuciones o directamente no avanzan sobre estos casos”, subrayó Basílico.