El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles volvió al centro de la discusión en Perú en medio del incremento de los precios internacionales del petróleo y las protestas de transportistas. Según compartió con Surtidores LATAM Carlos Almeida Hidalgo, consultor de Energía, ingeniero y maestro en Finanzas, “el Estado peruano le debe cerca de S/990 millones a las empresas petroleras”, una situación que condiciona la efectividad del mecanismo.

Almeida explicó que el FEPC funciona como un instrumento destinado a “amortiguar -no eliminar- el traslado inmediato del precio internacional del petróleo hacia el surtidor”. De esta manera, cuando el crudo registra fuertes incrementos en un período corto, el mecanismo busca evitar que todo el impacto llegue de forma inmediata al consumidor.

El especialista fue enfático en diferenciar el fondo de un subsidio permanente. “El FEPC NO es un subsidio permanente, no es control de precios, y no es gratis”, sostuvo. En su análisis, se trata de “un colchón temporal”, financiado mediante aportes y descuentos entre el Estado y las empresas importadoras y refinadoras.

El objetivo, según Almeida, es que ese mecanismo permita “suavizar shocks de corto plazo, no sostener precios bajos indefinidamente”. Sin embargo, el esquema enfrenta actualmente una situación compleja debido a las obligaciones acumuladas por el Estado con las compañías petroleras.

“Ese colchón lleva años deshilachado”, advirtió el consultor, al referirse a la pérdida de capacidad del fondo. La deuda acumulada, agregó, provocó que varias empresas se retiraran del esquema, por lo que “hoy el fondo opera con una efectividad limitada justo cuando más se necesita”.

El escenario internacional vuelve más relevante esta discusión. El aumento del precio del petróleo asociado a la escalada del conflicto en Medio Oriente genera presión sobre los costos de los combustibles y amenaza con trasladarse al precio final en los surtidores. En paralelo, el Gobierno evalúa reactivar el mecanismo mientras continúan las protestas vinculadas al costo de los combustibles.

Frente a este escenario, Almeida plantea que el debate debe ir más allá de un eventual pedido para reducir los precios. “Antes de opinar si ‘hay que bajar la gasolina’, conviene entender qué estamos pidiéndole exactamente al Estado que haga”, señaló. La discusión también involucra el impacto fiscal de sostener el fondo y las condiciones necesarias para que vuelva a funcionar de manera efectiva.

Finalmente, el especialista anticipó que continuará desglosando el mecanismo para analizar “su origen, cómo funciona técnicamente, quién lo administra, por qué se generó esa deuda, sus ventajas reales, sus riesgos fiscales, cómo lo hacen otros países de la región” y, finalmente, si resulta conveniente “mantenerlo, reformarlo o reemplazarlo”.