Una contradicción entre normas de dos entidades del Estado está poniendo en jaque la legalidad de las estaciones de servicio del país. El conflicto surge de la coexistencia de dos exigencias regulatorias opuestas: mientras el sistema SICETAC del Ministerio de Transporte obliga a registrar un flete mínimo, la estructura de precios regulada por el Ministerio de Minas y Energía establece un flete máximo. 

La inquietud fue expuesta el pasado 17 de junio durante una reunión interinstitucional convocada por el Ministerio de Minas y Energía, tras una solicitud de Fendipetróleo Tolima y la gestión activa de Fendipetróleo Nacional. La sesión permitió a los actores del sector poner sobre la mesa los efectos de esta paradoja normativa que, de no corregirse, puede derivar en sanciones simultáneas a quienes intentan cumplir ambas obligaciones.

Durante el encuentro, Julián Cabeza, director económico del Fondo SOLDICOM, presentó un análisis técnico del problema, acompañado por María Piedad Parra, directora seccional de Fendipetróleo Tolima, y por el presidente de la Junta Directiva Nacional, Nicolás Fragozo. También participaron funcionarios del Ministerio de Minas, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Industria y Comercio.

En diálogo con Surtidores LATAM, Nicolás Fragozo fue enfático: “Logramos sentar en una misma mesa a actores clave del Gobierno. Allí se expuso, con rigurosidad y claridad, la paradoja normativa que enfrentan las Estaciones de Servicio en materia de transporte”

Según explican desde la entidad, la problemática no solo afecta la operación diaria de los distribuidores, sino que también los expone a sanciones injustas por intentar obedecer normativas incompatibles. “El sistema SICETAC exige que se registre un flete mínimo, mientras que el Ministerio de Minas impone un flete máximo en su estructura de precios. Si cumplimos una norma, incumplimos la otra. Y eso nos deja en una posición muy vulnerable”, señalan.

La participación del Gobierno incluyó a Julián Flórez Quiroga, director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas; Leonardo Corzo, coordinador del área Downstream; y asesores jurídicos tanto del Ministerio como del área de precios de combustibles líquidos. Además, asistió la doctora Ana María Prieto Rangel, directora de Investigaciones de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la SIC.

“Fue un ejercicio de vocería gremial con argumentos sólidos y bien sustentados, liderado por el Director Económico del Fondo SOLDICOM, Julian Cabeza, quien logró traducir esta problemática compleja en un lenguaje claro para los responsables de política pública”, explicó el referente.

Como resultado del espacio, se acordó que el Ministerio de Minas oficiará al Ministerio de Transporte con el fin de evaluar una exención o ajuste normativo que armonice las exigencias. “Este tipo de gestiones confirman el papel activo de Fendipetróleo como defensor técnico del sector y como puente efectivo entre la regulación y la realidad operativa de nuestras Estaciones de Servicio”, concluyó Fragozo.