Bolivia atraviesa un momento bisagra en su matriz energética. Con reservas de gas que, según proyecciones oficiales alcanzarían sólo hasta 2028, el gobierno se apresta a lanzar un paquete legislativo que incluye las leyes de minería, hidrocarburos e inversiones. Para entender el impacto que tendrá sobre el sector de expendio de combustibles, SurtidoresLATAM conversó con José Padilla, referente con más de dos décadas de trayectoria en la gestión energética del departamento de Santa Cruz.

Elexfuncionario fue contundente respecto de la apertura a la importación privada de combustibles: «Mi idea es que el Estado se quite la mochila del tema de la compra de combustible. Que lo hagan los surtidores y la empresa privada que lo necesita». Según explicó, la economía boliviana ya no tiene margen para sostener una subvención que este año podría superar los 1.000 millones de bolivianos.

El especialista fue crítico con la letra chica de los decretos vigentes: aunque en teoría habilitan el ingreso de privados, en la práctica mantienen trabas aduaneras que complican una importación fluida. «Debe ser completamente abierto para que el privado pueda traer su combustible de forma regular y tranquila», sostuvo.

Precios congelados, pero con la mira puesta afuera

Sobre el reciente congelamiento de precios, Padilla lo interpretó como una medida que compete casi exclusivamente al Estado, mientras YPFB sostiene sus valores de venta actuales. Como referencia de un esquema más flexible, mencionó el caso paraguayo, donde conviven distintos precios según la calidad del producto: «Ya el combustible lo compran en función de la calidad; eso lo decide el usuario».

Consultado sobre si esta apertura representa una oportunidad comercial genuina para las estaciones de servicio, no dudó: «Claro que sí, porque prácticamente ahora no hay peor cosa que la que uno necesita». La posibilidad de importar y ofrecer valores más competitivos empieza a perfilarse como un escenario real para los operadores del rubro.

El paquete legislativo que viene

El corazón de la entrevista giró en torno al paquete de leyes que la brigada parlamentaria debía presentar en los días siguientes a la charla. Padilla remarcó que, además de minería, hidrocarburos e inversiones, resulta imprescindible sumar una ley de electricidad, ya que las tres áreas están profundamente interconectadas.

El impacto en los valores del crudo sería inmediato: actualmente el barril se paga entre 27 y 37 dólares, muy por debajo del precio internacional. Con la nueva normativa, ese número subiría y, como contrapartida, se eliminarían las subvenciones vigentes en todo el esquema energético. «Ahí los estacioneros van a estar tranquilos porque la nueva ley les va a dar la apertura para que haya precios ya no solamente subvencionados, sino a nivel internacional», proyectó.

Otro punto clave que subrayó es la diferencia entre exploración y producción: la legislación actual solo contempla esta última, dejando fuera nuevas búsquedas de reservas. Cambiar ese enfoque, según Padilla, es indispensable para revertir el declive de las reservas gasíferas.

Santa Cruz, al límite eléctrico

Padilla ilustró la gravedad con datos de su región: Santa Cruz consume 720 de los 1.680 MW que genera el sistema nacional, mientras las fuentes renovables locales —una eólica en San Julián y biomasa— apenas cubren 150 MW. A esto se suma que el agua proviene de fuentes subterráneas, cuya extracción también depende de la electricidad. «Por eso le digo, para mí es emergencia», insistió, en referencia a la declaración oficial ya vigente en el país.

Petrobras y la necesidad de reglas a largo plazo

Sobre un eventual regreso de la petrolera brasileña, el exsecretario de Hidrocarburos recordó su rol histórico: financió el gasoducto de 500 kilómetros que unió a ambos países, deuda que Bolivia canceló en gas cuando este cotizaba a apenas 0,90 dólares, allá por 1999. En aquella capitalización, la compañía extrajo 24 TCF que hoy permanecen sin explotar, justamente por las limitaciones de la ley vigente.

Para que Petrobras u otros jugadores decidan volver a invertir, Padilla fue enfático: la nueva legislación no puede pensarse para la gestión de turno. «Tiene que ser a largo plazo, para que tenga seguridad», afirmó, citando los marcos normativos de Paraguay, Argentina y Perú como modelos de estabilidad jurídica a imitar.