El contrabando de hidrocarburos se ha convertido en uno de los principales desafíos para el sector energético en México. A pesar de los operativos de seguridad implementados por el gobierno federal en los últimos años, esta práctica persiste y se adapta, generando pérdidas millonarias al erario público, distorsionando la competencia en el mercado y poniendo en jaque la estabilidad de la cadena de suministro de combustibles.

Ante este panorama, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) emitió un llamado a las autoridades para fortalecer la lucha contra el contrabando técnico de hidrocarburos, y propuso una reforma clave: modificar el punto de recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles.

Actualmente, el IEPS se paga en el punto de venta final, una condición que, según la organización empresarial, facilita la importación fraudulenta de hidrocarburos bajo fracciones arancelarias incorrectas. Este fenómeno, conocido como contrabando técnico o «huachicoleo fiscal», ha abierto la puerta a redes organizadas que incluyen desde dueños de gasolineras hasta transportistas y trabajadores portuarios, operando al margen de la ley y del control fiscal.

La propuesta de Coparmex consiste en que el IEPS sea cobrado en el punto de importación. Este cambio, argumentan, permitiría frenar una de las principales vías por las que los combustibles ilícitos ingresan al mercado formal sin pagar impuestos, nivelando el terreno de juego para quienes operan dentro de la legalidad. “No se trata únicamente de evitar pérdidas fiscales, sino de garantizar condiciones justas de competencia”, señalaron desde la confederación, a través de un comunicado oficial.

La magnitud del contrabando de combustibles ha sido documentada por diversas fuentes. De acuerdo con un análisis realizado por PetroIntelligence con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), alrededor del 30% de los carburantes que se venden en Estaciones de Servicio en México provienen de operaciones ilegales.

En términos concretos, los especialistas comentaron a Surtidores Latam que durante 2024 se comercializaron en el país 38.040 millones de litros de gasolina regular, 10.338 millones de litros de gasolina premium y 14.285 millones de litros de diésel. Si se toma como base la estimación del 30% de volumen ilícito, más de 18.799 millones de litros habrían sido colocados en el mercado sin contribuir a la recaudación tributaria.

Las consecuencias fiscales de esta situación son severas. Solo en 2024, el país habría dejado de percibir aproximadamente $177.170 millones de pesos por concepto de IEPS e IVA, de los cuales $124.209 millones corresponderían al primero y $52.960 millones al segundo. Esta evasión tiene efectos directos sobre el presupuesto público y limita la capacidad del Estado para financiar obras e infraestructura en sectores estratégicos como transporte, salud y energía.

Pero el impacto va más allá del ámbito fiscal. Coparmex advirtió que esta distorsión también afecta gravemente al mercado energético formal. Empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales y operan conforme a la regulación vigente se ven en desventaja frente a competidores que acceden a combustibles más baratos por no pagar impuestos, generando un escenario de competencia desleal que puede llevar al cierre de estaciones legales y desalentar la inversión en el sector.

En ese sentido, subrayaron que la lucha contra el contrabando debe consolidarse como una política de Estado, con visión de largo plazo y sostenida más allá de los cambios de administración. “Esta problemática requiere de la suma de voluntades de todos los actores involucrados: autoridades, sector privado y sociedad civil. Es un compromiso que no admite retrocesos”, expresaron.

Uno de los aspectos más destacados del informe de PetroIntelligence es la relación directa entre el combate al contrabando y el precio de los combustibles. Si los ingresos tributarios no se vieran afectados por la evasión del IEPS e IVA, el gobierno tendría margen para aplicar una reducción promedio de hasta $2.83 pesos por litro, lo que beneficiaría de forma directa a millones de automovilistas, transportistas y consumidores finales en todo el país.