La protesta en Iquitos expone el malestar por el costo de la energía y el alcance del subsidio anunciado, mientras el Ejecutivo plantea aumentar el almacenamiento y abrir la importación de combustibles.
El conflicto por el precio de los combustibles mantiene movilizada a la región Loreto. La CGTP y organizaciones sociales sostienen un paro regional de 48 horas en Iquitos, iniciado el martes 25 de agosto, con reclamos que exceden el valor de las gasolinas y el diésel: también exigen respuestas frente a los cortes de electricidad y a la minería ilegal. Ayer, segundo día de la medida, los dirigentes volvieron a reclamar una respuesta concreta del Gobierno central y advirtieron que podrían extender la protesta si no existen compromisos verificables.
El combustible se convirtió en el principal eje de la disputa. La CGTP cuestiona el esquema de subsidio planteado por el Ejecutivo porque, según sus dirigentes, alcanzaría aproximadamente al 10% de los usuarios. Frente a ello, propone que la ayuda se canalice a través de los Grifos, de manera que la reducción del precio se traslade directamente al consumidor. La organización sostiene que una parte importante de los motocarristas de Iquitos trabaja en la informalidad y quedaría fuera de un mecanismo focalizado.
En paralelo, el Ministerio de Energía y Minas desplegó ayer por la tarde una mesa de trabajo en Iquitos con gremios de transporte de carga y pasajeros. La viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, explicó que el Gobierno busca responder al impacto del incremento internacional del petróleo mediante un subsidio directo al transporte público, pero también con medidas destinadas a mejorar estructuralmente el mercado de combustibles en Loreto.
Entre las iniciativas anunciadas aparece el incremento de la infraestructura de almacenamiento de hidrocarburos, un punto especialmente relevante para una región cuya logística depende fuertemente del transporte fluvial y terrestre. El MINEM también señaló que trabaja para abrir el mercado a la importación de combustibles con el objetivo de generar mayor competencia y conseguir precios más competitivos. La estrategia apunta así no solo a compensar el impacto inmediato del precio internacional, sino también a mejorar las condiciones de abastecimiento.
Cabe mencionar que la discusión tiene una dimensión particular para Loreto porque la región posee una enorme importancia dentro de la actividad petrolera peruana, pero al mismo tiempo enfrenta limitaciones para abastecer su propio mercado. El propio MINEM había señalado anteriormente que Loreto concentra cerca del 80% de las reservas nacionales de petróleo crudo, aunque la baja producción obliga al país a recurrir a importaciones para cubrir la demanda interna.
Mientras el Ejecutivo plantea estas alternativas, la protesta continúa atravesada por la falta de acuerdo sobre quién debe recibir el beneficio. Para los gremios, el problema no se resuelve únicamente con un subsidio dirigido a determinados usuarios: reclaman una reducción que alcance al conjunto de consumidores y que tenga un efecto visible en los precios de los grifos. La diferencia entre ambos enfoques es uno de los principales puntos que deberá abordar la mesa de diálogo.
La tensión también se explica por otros problemas acumulados. La CGTP reclama la interconexión de Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, medidas contra la minería ilegal y una comisión del Ejecutivo con capacidad efectiva de decisión. Los dirigentes han cuestionado que las reuniones se limiten a recoger demandas sin establecer plazos ni compromisos concretos. Este miércoles incluso volvieron a advertir que la protesta podría radicalizarse si no reciben respuestas.
El escenario deja al Gobierno frente a un doble desafío: contener el impacto inmediato del alza internacional del petróleo y, al mismo tiempo, resolver las dificultades estructurales que encarecen y complican el suministro energético en Loreto. La mesa instalada en Iquitos deberá determinar si el subsidio al transporte, una mayor capacidad de almacenamiento y la apertura a nuevas fuentes de importación logran traducirse en menores costos para los usuarios. Para los gremios, la señal que esperan es concreta: que las medidas lleguen al precio final y no queden únicamente en anuncios.
