Este jueves, el Gobierno de México firmaría en Palacio Nacional el “Acuerdo Nacional de Gasolina”, un compromiso voluntario entre autoridades y el sector gasolinero para estabilizar los precios del combustible y beneficiar la economía de los consumidores. Sin embargo, el mismo despierta algunas inquietudes sobre su viabilidad y las implicaciones para las Estaciones de Servicio y mayoristas.

El documento establece que el precio de la gasolina regular no deberá superar los 24 pesos por litro en casi todo el país, con excepción de las zonas fronterizas. Para lograrlo, Pemex fijará un precio mayorista nacional, y los distribuidores y comercializadores se comprometerían a mantener un margen de comercialización de no más de 2 pesos por litro.

Además, el acuerdo mantendría los estímulos fiscales al IEPS para suavizar las fluctuaciones en el mercado internacional, garantizaría la distribución eficiente del combustible y reforzará la supervisión de precios a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

En diálogo con Surtidores Latam, Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, señaló que el margen de 2 pesos para las Estaciones de Servicio podría ser difícil de sostener, ya que no toma en cuenta los costos variables de logística y operación en distintas regiones del país.

“El documento menciona que las empresas deben revisar sus políticas comerciales para garantizar este margen, pero eso no es tan simple. En algunas zonas, los costos operativos podrían hacer que este tope sea complicado de respetar”, comentó Montufar.

Otro punto que ha llamado la atención es el papel de PROFECO en la supervisión de costos de operación, una función que tradicionalmente correspondía a la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Según Montufar, esto refleja la reconfiguración institucional que está ocurriendo en el sector energético, con un mayor protagonismo de la PROFECO.

Por otro lado, este acuerdo ha cambiado su denominación en las últimas semanas. Inicialmente se hablaba de un “pacto voluntario”, pero ahora se le presenta como una “política nacional”, lo que ha genera confusión sobre su carácter vinculante. A pesar de ello, el texto aclara que no impone obligaciones legales adicionales y que su éxito dependerá de la colaboración de los firmantes.

El sector gasolinero aún evalúa su postura. “No está claro quiénes firmarán mañana en Palacio Nacional, pues hay distribuidores que no están convencidos de las condiciones”, comentó Montufar.

Si bien el Acuerdo Nacional de Gasolina busca proteger el bolsillo de los consumidores y evitar fluctuaciones drásticas en las tarifas, su implementación plantea desafíos logísticos y económicos para las empresas del sector. Será clave el día de mañana, para observar si las partes involucradas logran encontrar un equilibrio que garantice la estabilidad sin afectar la viabilidad financiera.