Semanas atrás, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) envió una carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico expresándole grandes retrasos en la entrega de permisos para el avance de los proyectos.

Explicaron que para un trámite de una instalación fotovoltaica hay demoras de dos años, que pueden extenderse hasta los cuatro años.

En diálogo con Energía Estratégica, Alejandro Labanda, director de Estudios y Regulación de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), advierte sobre ese tema: “Todos los proyectos se ven afectados por la ralentización que suponen, por ejemplo, los informes preceptivos. También los de autoconsumo por cuestiones de tramitación local”.

Durante el 2021 se conectaron en total 3,5 GW en suelo, buena parte de ellos celebraron contratos bilaterales con empresas, pocos se enfocaron al Pool.

“Este año esperamos que en suelo se instalen unos 3 GW, llevamos unos 600 MW en lo que va del año, y en autoconsumo unos 1,5 GW”, señala Labanda sobre las no tan altas expectativas para este año, impulsadas por la cantidad de trabas que encuentra la industria en las tramitaciones.

Cabe recordar que el 2019 fue el mejor año de la energía fotovoltaica de la historia de España, marcando un récord de capacidad total instalada de 4,8 GW, entre suelo y autoconsumo.

Labanda desliza que, si se destrabaran las barreras administrativas para que se aprueben mayor cantidad de proyectos, esa mejora se notaría sobre el 2022 pero más aún en el 2023, donde inclusive podría romper la marca histórica.

“El impacto de las medidas de simplificación administrativa se notaría un poco este año, pero sobre todo el año siguiente. Se podrían alcanzar los 4 GW”, destaca el directivo.

Para acelerar los procesos burocráticos, la misiva enviada al Ministerio de Transición Ecológica enumera cuatro propuestas transversales.

Primero buscan plantear una “digitalización de procesos e introducción de mayor teletrabajo en la administración” para, por ejemplo, cambiar actividades presenciales por una comunicación telemática. “En algunas comunidades autónomas es necesario ir en persona a depositar y recoger las garantías económicas.”, dice en la carta.

Luego una “mayor dotación de personal cualificado y agilidad en la cobertura de plazas tras bajas y permisos”. Aquí se resalta un limitado número de personal trabajando en administraciones públicas y una lentitud para cubrir plazas vacantes por bajas o permisos.

Además se reclama la constitución de un equipo de seguimiento de proyectos en cada administración. En este punto buscan la creación de una figura, dentro mismo de la administración, que lidere y busque el cumplimiento de los plazos y los objetivos.

Y finalmente la introducción de una vía de consultas para el personal técnico de la administración. “Los desarrolladores remarcan que les resulta imposible obtener respuestas a las consultas que realizan a la Administración”, aparece en el texto.