Cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia, el 7 de agosto de 2022, uno de los temas más sensibles que encontró sobre la mesa fue el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El mecanismo, creado para amortiguar el impacto de las variaciones internacionales del petróleo sobre los consumidores, acumulaba un importante déficit fiscal tras varios años de precios internos por debajo de las referencias internacionales. Desde el inicio de su mandato, el Gobierno sostuvo que sanear ese desbalance sería una prioridad para proteger las finanzas públicas.

Con ese objetivo comenzó una de las decisiones más trascendentes de la administración: el aumento gradual del precio de la gasolina. Durante 2022 y gran parte de 2023, el Ministerio de Hacienda autorizó incrementos prácticamente mensuales que llevaron el valor del combustible a niveles cercanos al precio internacional. Aunque la medida permitió reducir el peso del subsidio sobre el FEPC, también generó críticas de distintos sectores económicos y un impacto directo sobre el costo de vida.

Mientras la gasolina seguía ese camino, el ACPM permaneció prácticamente congelado. El Ejecutivo argumentó que un incremento del diésel tendría efectos inmediatos sobre el transporte de carga, la distribución de alimentos y la inflación. Esa decisión alivió temporalmente a los transportadores, pero trasladó el mayor peso del déficit del FEPC al combustible utilizado por el sector logístico, convirtiéndolo en el principal desafío pendiente de la política energética.

El debate sobre los subsidios al diésel se convirtió entonces en uno de los ejes económicos del gobierno. Petro defendió en repetidas oportunidades la necesidad de desmontarlos al considerar que representaban un elevado costo para el Estado y que beneficiaban principalmente a grandes consumidores. Del otro lado, los gremios del transporte insistían en que un aumento del ACPM terminaría trasladándose al precio de los alimentos y de numerosos bienes de consumo, afectando a toda la economía.

La tensión alcanzó su punto máximo en septiembre de 2024. El anuncio de un incremento cercano a los 1.900 pesos por galón de ACPM desencadenó un paro nacional camionero que paralizó corredores estratégicos, generó bloqueos, dificultades para el abastecimiento de alimentos y combustibles, afectó el transporte urbano en varias ciudades y puso al Gobierno frente a uno de los conflictos sociales más importantes de su mandato.

Durante varios días, ministros de Transporte, Hacienda e Interior sostuvieron intensas negociaciones con los representantes de los camioneros. La Casa de Nariño defendía la necesidad de disminuir el déficit del FEPC, mientras los transportadores reclamaban un esquema gradual y previsible. Finalmente se alcanzó un acuerdo que redujo el impacto inmediato del ajuste y permitió levantar las protestas, aunque el debate sobre el precio del ACPM quedó lejos de cerrarse.

En paralelo, la administración impulsó otras medidas relacionadas con el funcionamiento del FEPC. Entre ellas sobresale la expedición del Decreto 268 de 2026, mediante el cual determinados combustibles utilizados como materias primas industriales dejaron de estar cobijados por el mecanismo de estabilización, buscando focalizar mejor los subsidios y contener el crecimiento del gasto público asociado al fondo. Al mismo tiempo, el Gobierno insistió en que el saneamiento de las finanzas públicas requería avanzar hacia precios más alineados con las condiciones del mercado.

Otro frente de trabajo estuvo relacionado con el abastecimiento. En distintas regiones del país se presentaron desafíos logísticos que llevaron al Ejecutivo a implementar nuevas estrategias de distribución de combustibles. Una de las más importantes fue la activación del transporte marítimo de diésel desde la Refinería de Cartagena hacia el Pacífico colombiano para fortalecer el suministro en zonas como Buenaventura y Tumaco, reduciendo la dependencia del transporte terrestre.

Ya en 2026, con buena parte del ajuste sobre la gasolina concretado, el Gobierno anunció una reducción gradual de su precio al considerar que el saneamiento del FEPC comenzaba a dar resultados. Sin embargo, ese alivio fue parcial y de corta duración. La volatilidad del mercado internacional y las presiones fiscales llevaron posteriormente a modificar esa decisión, manteniendo abierto el debate sobre la sostenibilidad de los subsidios y el equilibrio entre estabilidad económica y protección al consumidor.

Con el cambio de administración ya en marcha, la atención del sector energético está puesta en las decisiones que adoptará el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Durante la campaña anticipó la intención de reducir el precio de los combustibles y revisar el funcionamiento del FEPC, aunque todavía resta conocer el alcance de esas medidas y la estrategia para equilibrar las cuentas públicas sin generar nuevas presiones fiscales. El mercado, los transportadores y las Estaciones de Servicio aguardan las primeras definiciones de un gobierno que recibirá una política de combustibles profundamente distinta a la que encontró Gustavo Petro al asumir en agosto de 2022.