En un esfuerzo por mejorar los estándares de calidad de los combustibles en Paraguay, la Presidencia de la República promulgó un decreto la semana pasada que establece nuevas especificaciones técnicas para la importación y comercialización de combustibles derivados del petróleo.
Esta normativa surge a raíz de una solicitud del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en respuesta a la necesidad de garantizar que los combustibles cumplan con parámetros mínimos de calidad. El decreto, que abroga el 4562 de 2015, define los nuevos estándares aplicables a diversos productos, entre ellos gasolinas de diferentes octanajes, diésel, kerosene y combustibles.
Según lo estipulado, estas medidas buscan no solo mejorar la calidad del aire y proteger el medio ambiente, sino también asegurar un rendimiento más eficiente de los combustibles utilizados en el país.
Dicho decreto establece parámetros específicos para productos como las gasolinas sin plomo RON 85, 91, 95 y 9 , Kerosene Jet A-1, Diésel Tipo A y C, así como diésel marino y fuel oil para uso marítimo, entre otros.
Además, el documento introduce regulaciones sobre el contenido de azufre y otros componentes químicos. Por ejemplo, las gasolinas no deben superar un contenido máximo de 100 partes por millón (ppm) de azufre, mientras que el diésel Tipo A debe mantener un límite máximo de 10 ppm.
Un aspecto destacado de la normativa es la prohibición de comercializar o publicitar combustibles bajo denominaciones que no reflejen con precisión su octanaje real. Esta medida busca proteger los derechos de los consumidores y fomentar la transparencia en el mercado. La Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO) estará encargada de garantizar el cumplimiento de esta disposición.
El documento también tiene un enfoque en la sostenibilidad y la protección ambiental. Entre las metas propuestas se encuentra la reducción del contenido de metales pesados, como el manganeso, y la disminución del uso de MTBE (Metil Terbutil Éter), un compuesto químico que puede ser perjudicial para la salud y el medio ambiente. Estas disposiciones están alineadas con compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, y buscan promover un desarrollo sostenible.
Para facilitar la transición hacia estos nuevos estándares, se establece un periodo de implementación de 60 días, durante el cual las empresas deberán adecuar sus productos a las nuevas especificaciones. El MIC, junto con otras instituciones pertinentes, será responsable de supervisar y regular este proceso.
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