México volvió a poner sobre la mesa el desarrollo del fracking como herramienta para sostener su sistema energético. La decisión, impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, no sólo marca un cambio de discurso, sino que pone sobre la mesa la creciente dependencia del gas natural importado, principalmente desde Estados Unidos.

Con una demanda que ya se ubica entre los 8.000 y 9.000 millones de pies cúbicos diarios, y con perspectivas de crecimiento sostenido hacia 2030, el país enfrenta un dilema estructural. Actualmente, alrededor del 75% del gas que se consume proviene del exterior, una situación que el Gobierno considera insostenible en el mediano plazo.

“Si no hacemos nada, cada vez vamos a importar más”, advirtió la propia Sheinbaum al presentar la estrategia oficial para fortalecer la soberanía energética, donde el desarrollo de recursos no convencionales aparece.

En ese marco, Petróleos Mexicanos delineó un plan que contempla iniciar la explotación de gas mediante fracturación hidráulica hacia 2027. Según su director, Víctor Rodríguez, el país cuenta con recursos estimados en 141 billones de pies cúbicos de gas no convencional, cuyo desarrollo permitiría incrementar significativamente la producción local.

Las proyecciones oficiales apuntan a sumar más de 3.000 millones de pies cúbicos diarios de gas no convencional hacia 2035, además de cerca de 960 millones provenientes de yacimientos convencionales. Hoy, la producción base de Pemex ronda los 2.300 millones de pies cúbicos diarios.

El problema es que no hay alternativa técnica para acceder a esos recursos sin recurrir al fracking, una práctica que durante años fue rechazada por sus impactos ambientales y que incluso había sido descartada en compromisos políticos previos.

Luis Omar Guzmán Juárez, experto en regulaciones mexicanas, adelantó el año pasado a Surtidores Latam que esta técnica “estaba siendo considerada como una opción para aumentar la producción de gas natural”, aunque advirtió que el debate sigue atravesado por la tensión entre los beneficios económicos y los riesgos ambientales.

El fracking implica la inyección de grandes volúmenes de agua mezclada con arena y productos químicos para fracturar formaciones rocosas profundas, un proceso cuestionado por su potencial impacto sobre los acuíferos y el alto consumo hídrico.

Frente a este escenario, el Gobierno propone un enfoque que denomina sustentable, basado en el uso de agua reutilizada o salina, compuestos biodegradables y sistemas de protección ambiental. Sin embargo, la discusión de fondo excede lo tecnológico.

En diálogo con este medio, Guillermo Gómez, CEO de la consultora G2H, advirtió que el movimiento de México no puede analizarse de forma aislada. “Va a haber un impacto. Esperemos que sea positivo en términos de competitividad en gas natural”, señaló, aunque planteó que el contexto internacional introduce nuevos riesgos.

En particular, destacó que Estados Unidos continuará profundizando el desarrollo del fracking, lo que incrementará su capacidad exportadora y consolidará su posición como proveedor clave en la región. “Esto puede ser una ventaja si se aprovecha para fortalecer la infraestructura, pero también existe el riesgo de aumentar aún más la dependencia”, sostuvo.

Para Gómez, la situación expone una contradicción difícil de resolver: “Por un lado, hay una necesidad creciente de gas natural, pero por otro, la postura política todavía muestra resistencias al fracking. Eso deja al país en una posición ambigua”.

En el fondo, la discusión no es solo técnica ni ambiental, sino estratégica. México necesita asegurar su abastecimiento energético en un contexto de demanda creciente, pero hacerlo implica asumir costos políticos y ambientales que hasta ahora había intentado evitar.