El pasado 20 de septiembre, el Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) llevó a cabo una sesión ordinaria que, en materia de petrolíferos y Estaciones de Servicio, resultó en la emisión de 30 nuevos permisos, sumando un total de 300 en lo que va del año. Además, 15 fueron modificados a través de cesiones, alcanzando un acumulado de 151 en lo que va de 2024. Sin embargo, este desarrollo administrativo trajo consigo una inquietud recurrente entre los expertos del sector: ¿Será esta la última sesión de la CRE tal como la conocemos?

En conversación con Surtidores Latam, Luis Omar Guzmán Juárez, experto en regulaciones energéticas, comentó que “aún no existe un comunicado oficial sobre la posible extinción de la CRE”. A lo largo del año, solo se han emitido menciones informales en eventos públicos por parte de la misma Comisión, pero estas han dejado entrever un endurecimiento en las exigencias hacia los regulados. 

En este contexto, Guzmán Juárez subrayó que “el panorama es pesimista para aquellos que anteriormente aprovechaban recursos legales como amparos y juicios para obtener permisos o modificar sus títulos”, ya que la reciente reforma judicial ha comenzado a bloquear dichas estrategias.

Para algunos, el refuerzo de la normativa es positivo, ya que las intenciones del actual gobierno federal se basan en la justicia social y ambiental, priorizando el bienestar colectivo sobre los intereses individuales. El experto remarcó que uno de los principales objetivos de esta postura es “frenar prácticas ilícitas que han prevalecido en el sector, como la adulteración de combustibles y el robo de hidrocarburos, más conocido como huachicol».

En los últimos días, se han publicado preocupantes cifras sobre la mezcla ilegal de gasolinas, particularmente en el eslabón del transporte de combustibles. Este fenómeno ha generado que algunos permisionarios comercialicen carburantes de dudosa calidad y origen, lo que repercute no solo en los vehículos que utilizan estos productos, sino también en el medio ambiente y la economía.

Frente a estos desafíos, el próximo gobierno tendrá que fortalecer el marco regulatorio para enfrentar los problemas derivados de la mala calidad de los combustibles y la corrupción en el sector. La regulación no discrimina entre buenos y malos actores, pero la falta de acción afectaría más a México y sus ciudadanos.

“Las reformas se seguirán dando y su impacto será negativo y positivo, pero la intención es buena desde un punto de vista de justicia hacia varios elementos y que se deberán ir platicando y aclarando que los roces no solucionan las divergencias”, señaló. 

En este sentido, Guzmán Juárez sostuvo que “será fundamental un diálogo abierto y constructivo entre las distintas partes para resolver las divergencias y encontrar soluciones que beneficien al país en su conjunto”.