La crisis del diésel en Bolivia entró en una nueva etapa. El Gobierno decidió eliminar desde el viernes la subvención que todavía alcanzaba a los pequeños consumidores y estableció un precio de 17.95 bolivianos por litro (unos US$1,63), frente a los 9.80 (unos US$0,89) que regían hasta ahora. El nuevo esquema vincula el valor interno con las referencias internacionales y busca reducir el costo que representa para el Estado sostener el combustible por debajo de su precio de adquisición.
La decisión no llega en un mercado estable. Bolivia arrastra problemas de abastecimiento desde el año 2024 y actualmente importa alrededor del 95% del diésel que consume. La caída de la producción de gas natural redujo además una de las principales fuentes de divisas del país: de los 61 millones de metros cúbicos diarios registrados en 2014, la producción ronda actualmente los 27 millones.
El resultado es una combinación de menor producción propia, elevada necesidad de compras externas y dificultades para financiar la provisión. Según datos difundidos, Bolivia destina unos US$90 millones semanales a la importación de combustibles. El estado, por su parte, calcula que la subvención al diésel implicaba un costo anual cercano a US$2.600 millones.
La modificación del precio tuvo un efecto inmediato sobre la logística. La Cámara Nacional de Cisterneros suspendió el traslado de carburantes mientras reclama una actualización de los fletes acorde con el nuevo costo del combustible.
Sergio Kosky, presidente de la Federación de Empresas Cisterneras de Bolivia, explicó que el incremento del gasoil modifica directamente la estructura de costos de los transportistas y que, por esa razón, el sector busca acordar con el Gobierno una nueva tarifa para los servicios de traslado. El dirigente señaló además que la paralización no pretende afectar el abastecimiento, sino alcanzar una solución que permita continuar con las operaciones.
Kosky también vinculó la situación actual con un problema acumulado durante años alrededor de la política de subsidios y del sistema de precios diferenciales. En su análisis, el esquema terminó generando endeudamiento y distorsiones que ahora dificultan la transición hacia valores de mercado.
El conflicto adquiere una dimensión regional porque el propio dirigente informó que las cargas se encuentran detenidas en distintos puntos de ingreso. Mencionó los puertos del Pacífico y señaló que tampoco se estaba cargando combustible en Paraguay y Argentina.
Asimismo, la eliminación del subsidio forma parte de un proceso más amplio para modificar la estructura del mercado boliviano. A comienzos de septiembre, el Gobierno autorizó a las refinerías Gualberto Villarroel, en Cochabamba, y Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz, a importar petróleo crudo, procesarlo localmente y comercializar los derivados a valores de mercado.
La estrategia apunta a aprovechar la capacidad de refinación que actualmente permanece ociosa y sustituir una parte de las compras externas de combustibles terminados. YPFB informó que ambas plantas procesaban en conjunto 24.067 barriles diarios, aproximadamente el 38% de su capacidad de diseño, debido principalmente a la menor disponibilidad de petróleo y condensado producido en el país.
El plan contempla incorporar entre 5.000 y 7.000 barriles diarios adicionales en una primera etapa, con un lote inicial cercano al millón de barriles. De acuerdo con las proyecciones de YPFB, sumar 10.000 barriles diarios de crudo permitiría elevar cerca de 49% la producción conjunta de gasolinas, diésel y jet fuel.
En paralelo, Bolivia también flexibilizó los procedimientos para importar combustibles y petróleo crudo. La Aduana Nacional estableció mecanismos para agilizar el almacenamiento, transferencia y comercialización de carburantes importados, con herramientas destinadas a reducir tiempos administrativos y dar mayor trazabilidad a las operaciones.
