Más de 300.000 uruguayos que viven en la frontera con Brasil enfrentan una desventaja cotidiana que impacta de lleno en el negocio de las Estaciones de Servicio. “Esto no es una realidad teórica, es concreta, cotidiana y medible”, afirmó el senador Mauricio González al exponer en la Cámara de Senadores sobre la situación en departamentos como Rivera, Artigas, Cerro Largo y Rocha, donde el cruce de consumidores hacia Brasil se volvió parte de la rutina.

El legislador recordó que los mecanismos de devolución del IMESI aplicados en el pasado lograron aliviar las asimetrías de precios. Sin embargo, cuestionó: “Se generó una expectativa de un 32 por ciento, pero hoy el descuento efectivo ronda el 24. Estamos lejos de lo anunciado y más lejos aún del 40 por ciento que permitiría competir con Brasil”.

Al igual que otros especialistas expresaron a Surtidores, González sostuvo que esta diferencia no solo afecta el bolsillo del consumidor, sino que impacta directamente en la actividad de los emblemas, que ven cómo se reduce el flujo de ventas frente a la opción más económica del lado brasileño.

IMPACTO DIRECTO EN ESTACIONES Y EMPLEO

La pérdida de competitividad ya muestra efectos concretos en el entramado comercial de la frontera. Asimismo, González remarcó que mientras del lado brasileño operan más de 30 estaciones que generan unos 500 empleos, en Rivera apenas funcionan tres Estaciones de Servicio que sostienen alrededor de 30 puestos de trabajo.

Para el senador, estas cifras reflejan una consecuencia directa de las asimetrías de precios y de un esquema de beneficios que no logra equilibrar la balanza. “Cuando el combustible deja de ser competitivo, se resiente toda la economía”, remarcó.

RECLAMO POR UN ENFOQUE TERRITORIAL

Otro de los puntos planteados fue la necesidad de revisar el criterio de aplicación del descuento. González sostuvo que limitar el beneficio por distancia no refleja la realidad de la frontera seca y propuso contemplar el territorio en su conjunto.

Así, mencionó que todo el departamento de Rivera debería estar incluido, abarcando localidades como Tranqueras, Minas de Corrales y Vichadero, donde la integración con Brasil es total y permanente.

“Cuando no se contempla el territorio real, no hay equidad, hay desigualdad y se fomenta el desvío de consumo”, advirtió.

El legislador solicitó además que el Poder Ejecutivo explique por qué el 32 por ciento anunciado no se refleja en el surtidor y que, mientras no exista una solución definitiva, se garantice ese nivel de descuento en las zonas más afectadas.