Los cortes de ruta que desde hace dos semanas mantienen bajo tensión a Bolivia comenzaron a impactar de lleno sobre el abastecimiento de combustibles. La interrupción del tránsito en distintos puntos estratégicos y el bloqueo de accesos a instalaciones energéticas dejaron al descubierto la fragilidad logística del sistema boliviano en medio de una creciente dependencia de importaciones.

La situación golpea especialmente a La Paz y El Alto, donde ya se observan fuertes dificultades de movilidad, caída del transporte público, menor circulación vehicular y problemas para el ingreso de alimentos y mercancías.

En ese marco, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos confirmó, hace unas horas, la suspensión del despacho de gasolina y diésel hacia las regiones afectadas. La estatal informó que personas ajenas a la compañía bloquearon los accesos a la Planta de Senkata, uno de los principales nodos logísticos del país para el suministro energético.

El comunicado oficial sostuvo que la decisión responde a “estrictas razones de seguridad industrial” y busca proteger la integridad física de conductores, personal operativo y equipos de transporte. Además, denunció amenazas contra cisternas y episodios vinculados al uso de dinamita en algunos puntos de bloqueo.

Según datos que pudo recabar Surtidores Latam, la paralización de operaciones en la Planta de Senkata dejó en evidencia hasta qué punto el abastecimiento de combustibles en Bolivia depende de unos pocos nodos logísticos estratégicos y de una red de distribución sustentada casi por completo en el transporte terrestre. 

Con rutas cerradas y circulación restringida, el impacto comenzó a sentirse rápidamente en toda la cadena económica. La escasez de diésel ya afecta incluso la recolección de residuos, mientras el encarecimiento de algunos alimentos encendió señales de alarma entre comerciantes y consumidores.

El conflicto social encabezado por campesinos, mineros, juntas vecinales e indígenas aimaras contra el presidente Rodrigo Paz ocurre además en un momento especialmente delicado para la economía boliviana.

Durante años, Bolivia logró sostener combustibles a bajo precio gracias a los ingresos generados por las exportaciones de gas natural. Sin embargo, la caída de producción y la disminución de ventas externas redujeron el ingreso de divisas y elevaron la necesidad de importar gasolina y diésel.

Ese desequilibrio aparece ahora en el centro del debate político y financiero. El diputado José Luis Porcel advirtió que la deuda total del país ya ronda el 95 por ciento del Producto Interno Bruto y cuestionó la falta de reformas orientadas a atraer inversiones para el sector hidrocarburífero.

El legislador también alertó sobre el impacto que genera la suba internacional del petróleo, impulsada por la inestabilidad en Oriente Medio, en un país que cada vez depende más de las compras externas de combustibles.

Mientras tanto, los bloqueos continúan extendiéndose sobre distintos departamentos y profundizan la presión sobre el sistema de abastecimiento. La combinación entre menor producción propia, subsidios crecientes y dependencia logística comienza a transformarse en uno de los principales desafíos energéticos para Bolivia.