En medio de nuevas protestas y reclamos por la escasez de combustibles en distintas regiones del país, el gobierno de Luis Arce autorizó a 73 empresas privadas la importación de diésel y gasolina. La medida, respaldada por tres decretos supremos, busca reforzar el suministro a sectores estratégicos como la minería, la agricultura y la industria, afectados por los cortes e irregularidades. 

De las empresas habilitadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 58 podrán importar diésel para autoconsumo, dos gasolina con el mismo fin, y 13 estarán facultadas para comercializar diésel dentro del mercado interno. De acuerdo a lo que informaron, se trata de una medida excepcional, ya que históricamente esta tarea fue exclusiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la estatal petrolera. 

La decisión gubernamental responde a una crisis de abastecimiento que se volvió estructural. “La escasez de diésel nos está ahogando”, advirtió Galo Piza, vicepresidente de las cooperativas mineras del norte paceño, señalando que apenas reciben un tercio del combustible necesario para operar.

A esto se suma el panorama internacional y financiero que enfrenta Bolivia. La reducción sostenida en la producción de gas desde 2014, sumada a la falta de divisas, dificultó el pago de importaciones. El país compra el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que consume, lo que lo vuelve altamente dependiente del mercado externo y vulnerable a cualquier disrupción logística o financiera.

“El costo del diésel y la gasolina en Bolivia ha sido históricamente subsidiado, con precios que representan la mitad de lo que se paga en mercados más libres, como Perú. Esto ha generado una falsa sensación de bienestar, financiada a expensas de la caja fiscal”, había explicado a Surtidores LATAM César Gutiérrez Peña, analista del sector energético, quien atribuyó esta crisis a un modelo insostenible de control estatal.

Durante las últimas horas, en paralelo a la autorización de importaciones privadas, el Gobierno intenta reforzar el abastecimiento mediante la llegada de seis buques con más de 175 mil metros cúbicos de carburantes al puerto chileno de Arica.

No obstante, las condiciones climáticas adversas fueron impidiendo el descargue completo, lo que obligó a YPFB a activar rutas alternativas desde Perú, Paraguay, Argentina e Iquique para evitar un nuevo colapso.

Desde el Ejecutivo aseguran que las plantas de almacenaje operan al 100% y que las filas observadas en estaciones de servicio responden más a la especulación en redes sociales que a un desabastecimiento real. Sin embargo, la realidad en regiones como San Julián es distinta, donde los pequeños productores advierten que sin una solución concreta en los próximos días, iniciarán movilizaciones.