Hace pocos días, el Gobierno Nacional presentó una propuesta para establecer un precio diferenciado del diésel para vehículos de gama alta. La medida busca generar equidad en la distribución del subsidio a los combustibles, evitando que sectores con mayor capacidad económica se beneficien de un precio reducido.

Al respecto, Surtidores LATAM conversó con Johan Efraín Mejía Mejía, propietario y administrador de la Estación de Servicio Texaco Hayuelos en Bogotá, quien advirtió que su implementación es operativa, técnica, logística y tributariamente inviable.

Desde el punto de vista operativo, el empresario señaló que las gasolineras no están diseñadas para segmentar el suministro de combustible según el tipo de vehículo. “En la actualidad, cualquier conductor puede abastecerse sin restricciones de diésel al mismo precio. Para implementar una diferenciación de precios, se requeriría un sistema de identificación de los vehículos de gama alta, lo que implicaría una transformación profunda del modelo actual de comercialización de combustibles”, explicó.

A nivel técnico, la propuesta enfrentaría otro tipo de desafíos. Según Mejía “se necesitaría desarrollar una plataforma tecnológica centralizada, a la que todas las estaciones de servicio del país deberían estar conectadas. Esta plataforma debería ser compatible con los distintos sistemas de automatización existentes, lo que supondría una inversión considerable”.

“Además, sería necesario instalar dispositivos de identificación en los vehículos de gama alta, lo que generaría incertidumbre sobre cuál tecnología adoptar y cómo garantizar su funcionamiento efectivo”, agregó.

Las complicaciones no terminan ahí. Desde una perspectiva logística, las Estaciones de Servicio tendrían que solicitar lotes específicos de diésel con precio diferenciado.Sin embargo, el problema radica en que la mayoría de estos establecimientos cuentan con un único tanque para almacenar el combustible, lo que haría inviable garantizar que el producto diferencial llegue exclusivamente al segmento objetivo. “Esto podría generar distorsiones en el mercado y abrir la puerta a posibles irregularidades en la distribución del diésel”, advirtió Mejía.

El impacto tributario es otro aspecto que no puede pasarse por alto. Un precio diferenciado del ACPM requeriría ajustes en el esquema fiscal vigente, incluyendo la modificación de tasas e impuestos aplicables a este combustible. “La implementación de un precio diferenciado implicaría necesariamente una revisión del esquema fiscal aplicable al diésel, incluyendo la modificación de tasas y categorías tributarias. Esto podría generar confusión en el sector y aumentar la carga administrativa para las estaciones de servicio, que tendrían que adaptarse a nuevas regulaciones y procedimientos contables”, argumentó el propietario.

“Aunque no es un tema nuevo, porque se ha mencionado en varias oportunidades, la realidad es que una medida de esta naturaleza no solo resultaría compleja y costosa de implementar, sino que además podría generar impactos financieros negativos en las Estaciones de Servicio. Por ello, en caso de que se decida avanzar en esta propuesta, es indispensable que se construya de manera concertada con todos los actores de la cadena de distribución, garantizando una solución viable, equitativa y sostenible para el sector”, concluyó Mejía.