Más allá de las decisiones que pueda adoptar el Poder Ejecutivo en materia de precios de los combustibles, es importante conocer cuáles son los criterios que hoy utiliza la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua para fijar el PPI.

Para estimar el PPI, la URSEA considera precios de mercados internacionales relevantes y representativos para la región, como el Golfo de México (EE. UU.), Rotterdam (Países Bajos) y Singapur. Estos mercados aportan los precios FOB (Free on Board), es decir, el valor del producto puesto en el puerto de origen, sin incluir el flete ni otros costos.

Este informe técnico simula el costo que tendría importar combustibles refinados desde esos mercados hasta Uruguay, bajo condiciones de eficiencia y competencia. Para ello, se suman una serie de ítems que, acumulados, determinan el precio del producto hasta su llegada a las plantas de distribución, sin contemplar aún los márgenes de comercialización ni distribución.

COMPONENTES DEL PPI

Los factores que conforman el cálculo del PPI son los siguientes:

1. Precio FOB: valor del combustible en el puerto de origen.
2. Flete internacional: transporte marítimo hasta Uruguay, en buques tanque.
3. Costos adicionales: incluyen seguros, mermas por evaporación y otros cargos vinculados a la importación.
4. Costos de internación: gastos portuarios, tasas consulares, almacenamiento, entre otros.
5. Logística interna: traslado desde el puerto (o desde José Ignacio, dependiendo del calado del buque) hasta las plantas de distribución.
6. Costos financieros: intereses derivados del capital invertido durante el proceso de importación y logística.
7. Impuestos y tasas: como el IVA, el IMESI y otros tributos vigentes.
8. Costos por biocombustibles: relacionados con la mezcla obligatoria que exige la normativa nacional.

Con estos ocho ítems, la URSEA entrega mensualmente un valor técnico estimado del PPI, al cual luego debe agregarse el costo de distribución para obtener el precio final en el surtidor.

FACTORES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS

Una vez publicado el PPI, el Poder Ejecutivo evalúa otros elementos antes de definir el precio de venta al público. Estos pueden incluir consideraciones políticas, financieras, sociales, o vinculadas a la situación económica de ANCAP, y por ello el valor final puede diferir del calculado por URSEA, aunque en general mantiene una correspondencia cercana.

LA DISTRIBUCIÓN EN LA CADENA DEL COMBUSTIBLE

Una de las novedades recientes, anunciada por la ministra Fernanda Cardona, es la incorporación explícita del componente de distribución en el análisis del precio final. Este aspecto no había sido considerado por URSEA desde que comenzó a aplicar esta metodología en 2020.

A continuación, se describe el rol de cada actor:

• Distribuidoras mayoristas: operan con los sellos ANCAP, AXION energy y DISA. Retiran el producto desde la planta de La Tablada y lo comercializan en todo el país.
• Transportistas: son los camiones cisterna que trasladan el combustible desde las plantas hasta las Estaciones de Servicio.
• Estacioneros: constituyen el último eslabón de la cadena. Son los minoristas encargados de surtir a los vehículos.

¿QUÉ PUEDE AJUSTAR EL GOBIERNO?

La discusión actual gira en torno a qué ítems pueden ser revisados por el Gobierno. En principio, los componentes técnicos definidos por URSEA tienen poco margen de modificación, aunque podrían evaluarse ajustes en:

• Impuestos específicos como el IMESI y el tributo al CO₂ sobre las gasolinas.
• Cargas indirectas, como el Fideicomiso al Boleto, que incide particularmente sobre el precio del gasoil.

En lo que respecta a la distribución secundaria, particularmente en el sector de las Estaciones de Servicio, el margen bruto actual —de aproximadamente 9 pesos por litro— apenas permite cubrir costos fijos como salarios, cargas sociales, servicios públicos, seguridad, y comisiones por pagos con tarjeta. Por esta razón, no se prevé margen alguno para una eventual reducción o ajuste.

Similar criterio han manifestado los transportistas, cuyos fletes pasarán a ser abonados por las distribuidoras en enero 2026 (hoy se hace cargo ANCAP).