En medio del debate sobre la propuesta del Gobierno Nacional para establecer precios diferenciados en la venta de diésel, los gremios de distribuidores de combustibles dejan en claro su preocupación frente a una posible implementación de precios diferenciados en las Estaciones de Servicio, insistiendo en la necesidad de buscar alternativas más viables y sostenibles para apoyar al sector transporte sin perjudicar la cadena de comercialización del diésel.
En ese sentido, Alejandro Ribero Rueda, director ejecutivo de la Federación de Estaciones de Combustibles y Energéticos de Colombia (FECEC), advirtió a Surtidores LATAM que esta medida no es viable desde el punto de vista técnico, legal ni económico para las gasolineras del país.
En primer lugar, el directivo comentó que hasta el momento FECEC no ha sido contactada por representantes de los Ministerios de Hacienda o Minas para discutir la propuesta ni conocer sus detalles. “No sabemos a ciencia cierta cómo se aplicaría el esquema, qué papel jugarían las Estaciones de Servicio, ni cómo se controlaría la diferenciación de precios entre los distintos consumidores”, expresó.
Desde un enfoque técnico, el referente explicó que las gasolineras no cuentan con los mecanismos para aplicar distintos precios a un mismo producto dependiendo del consumidor. “Los empresarios compran el diésel a un único precio en las plantas mayoristas y no tienen forma de discriminar entre clientes al momento de la venta”, puntualizó.
Además, Ribero Rueda resaltó que, desde el punto de vista legal, la normativa vigente exige total claridad y uniformidad en los precios de los combustibles, tanto en la exhibición como en el cobro. “Cualquier diferencia entre el valor mostrado en los surtidores y el precio facturado puede derivar en sanciones, como ha ocurrido en el pasado”, advirtió.
En cuanto al impacto económico, el líder gremial alertó que si se obliga a las Estaciones de Servicio a vender diésel a un precio menor a ciertos consumidores, se pondría en riesgo su sostenibilidad financiera. “No pueden vender a pérdida ni asumir el costo de una política que debería ser financiada directamente por el gobierno. Si se busca favorecer a los transportadores, debe hacerse a través de otro mecanismo”, enfatizó.
Como alternativa, Ribero Rueda sugirió que el Gobierno explore un esquema de devolución o subsidio monetario a los transportistas, basado en la facturación legal de la compra de combustible. “Podría implementarse un sistema de reembolso a través de las empresas de transporte de carga registradas, verificando las facturas de adquisición del diésel en estaciones debidamente habilitadas”, propuso.
Para el director de FECEC, cualquier cambio en la estructura de precios del diésel debe considerar la realidad operativa del sector de distribución de combustibles. “No se puede improvisar con medidas que, lejos de solucionar un problema, pueden generar distorsiones en el mercado y afectar la estabilidad de más de 6.400 Estaciones de Servicio en todo el país”, concluyó Ribero Rueda.
Es abusiva e irresponsable esta medida, ya que no se puede entrar a sacrificar lo poco y nada que se adquiere como margen de utilidad para entregarse como descuento. Las garantías para ello deben ser suministradas por el ministerio, si bien es cierto que el agricultor y el gran consumidor merece ciertos incentivos porque son merecedores de ello. Pero no deberían venir de la ganancia del distribuidor, es el ministerio quien debería aportar este para ellos.