La rescisión del contrato entre Petropar y la firma Doha Holding Group LLC, que contemplaba la provisión de 100.000 toneladas métricas de gasoil por más de US$ 61 millones, continúa generando repercusiones dentro del mercado paraguayo de combustibles.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas confirmó en las últimas horas que sigue adelante con la verificación preliminar del proceso y que prevé abrir un sumario administrativo una vez que la petrolera estatal complete la documentación requerida.

Aunque el caso mantiene una derivación administrativa, dentro del sector energético la atención está puesta principalmente en otro aspecto: las condiciones bajo las cuales se estructuran las operaciones de abastecimiento de combustibles y los riesgos asociados a contratos de gran escala.

La operación había despertado expectativa debido al valor ofrecido por la firma catarí, considerado ampliamente competitivo frente a las referencias internacionales del momento. Sin embargo, tras sucesivas extensiones de plazo, la empresa no concretó ninguna entrega del producto comprometido.

Luego de diez prórrogas consecutivas sin resultados, Petropar resolvió rescindir el acuerdo y ejecutar posteriormente la garantía de fiel cumplimiento por US$ 3.050.000.

Uno de los puntos que más llamó la atención en la industria fue precisamente el esquema de garantías utilizado durante el proceso. Según la documentación conocida, la caución bancaria finalmente ejecutada fue emitida más de un año después de la firma del contrato original.

En paralelo, la estatal también rechazó los argumentos presentados por la compañía para justificar las demoras en las entregas, vinculados al conflicto en Medio Oriente, al considerar insuficiente la documentación aportada sobre la existencia y despacho del combustible.

Para operadores y referentes del mercado, el episodio vuelve a exponer la sensibilidad que tienen las compras internacionales de gasoil en Paraguay, especialmente en un país altamente dependiente de la importación de combustibles para abastecer sectores estratégicos como el transporte, el agro y la logística.

Fuentes vinculadas a la comercialización de combustibles señalaron a Surtidores Latam que el episodio vuelve a evidenciar la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación técnica y financiera en operaciones de importación de combustibles, especialmente en contratos de gran volumen vinculados al abastecimiento de gasoil. 

El caso también reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación técnica y financiera en contratos de suministro, particularmente cuando las ofertas presentan diferencias significativas respecto a los precios habituales del mercado internacional.

Durante la negociación, Petropar había defendido el acuerdo destacando el ahorro potencial que implicaba el valor ofertado, fijado en US$610 por tonelada métrica. No obstante, desde distintos segmentos de la cadena ya existían dudas sobre la viabilidad comercial de esos números frente al comportamiento global del mercado energético.